El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, convocó a una “Reunión de Emergencia Interinstitucional” a las principales autoridades del Órgano Judicial a desarrollarse el jueves 2 de julio.
La convocatoria se da después de que el Órgano Judicial, tras una reunión de emergencia, el diera un plazo de 20 días para que se atienda su demanda de un mayor presupuesto y amenazó con parar sus servicios a la población.
“(…) En atención a la situación institucional expuesta públicamente por el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Dr. Romer Saucedo Gómez, respecto a la necesidad urgente de tratamiento de proyectos normativos orientados al fortalecimiento, modernización, independencia financiera y continuidad del servicio de justicia en Bolivia, convoca a una Reunión de Emergencia Interinstitucional por la Justicia”, señala el comunicado de la Vicepresidencia.
En ese sentido, la Vicepresidencia informó que se convocó a la reunión a:
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- Presidente del Tribunal Supremo de Justicia
- Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional
- Presidente del Tribunal Agroambiental
- Presidente del Consejo de la Magistratura
- Presidente de la Cámara de Senadores
- Presidente de la Cámara de Diputados
- Presidentas y Presidentes de Bancadas de todas las fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Asimismo, detalló que la reunión tendrá por objeto “considerar, entre otros temas de urgencia institucional, los siguientes proyectos y asuntos vinculados al sistema de justicia”:
- Proyecto de Ley de Financiamiento para la Modernización Tecnológica del Sistema de Justicia
- Proyecto de Ley de modificación de la Ley N° 025 del Órgano Judicial, orientado a garantizar la independencia financiera y presupuestaria del Órgano Judicial
- Proyecto de Ley Especial de Convocatoria para las Elecciones de Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, conforme corresponda.
- Otros proyectos normativos y medidas institucionales vinculadas al fortalecimiento, continuidad, modernización y acceso efectivo a la justicia.
La Vicepresidencia, en esa línea, detalló que la convocatoria “tiene como finalidad preservar la institucionalidad democrática, garantizar el diálogo respetuoso entre órganos del Estado, evitar la afectación del servicio de justicia a la población boliviana y promover una respuesta legislativa responsable, plural y oportuna frente a una problemática de alta sensibilidad nacional”.
“La justicia no puede ser rehén de la indiferencia institucional ni de la confrontación política. Bolivia necesita soluciones constitucionales, coordinación efectiva y compromiso real con la transformación del sistema judicial”, agrega el texto.
Este lunes, jueces y vocales de todo el país determinaron crear una comisión nacional para el seguimiento y consolidación de las reivindicaciones del Órgano Judicial que exige un presupuesto mínimo del 5% del Tesoro General del Estado y la promulgación de sus proyectos de ley presentados para la modernización tecnológica de la justicia en beneficio de la población, entre otros pedidos.
En ese sentido, se dio un plazo de 20 días para que el Ejecutivo y el Legislativo responda a sus pedidos, caso contrario advirtieron con entrar en un paro hasta indefinido.
“Los que respetamos la institucionalidad, los que respetamos el Estado de derecho los que somos garantes de una justicia en el país no somos atendidos, pero a los que bloquean los que paran, los que dejan de trabajar, a ellos sí los atienden; entonces, ante esta situación de desinstitucionalización, la justicia no descarta en ir a medidas de protesta de manera escalonada”, advirtió el presidente del TSJ, Romer Saucedo.