El miembro del Comité para la Libertad de Fe, Alberto Salcedo, indicó que el Decreto Supremo 1987 aprobado el 30 de abril, que reglamenta la Ley 351 de Otorgación de Personerías Jurídicas, atenta contra los derechos reconocidos en la Constitución, ya que “contradice” la independencia del Estado respecto de la religión.