La Fiscalía presentó la acusación formal en contra del exministro de Justicia, César Siles, además de otras siete personas, por el denominado ‘caso Consorcio’, y pide una sentencia de 10 años de cárcel.
Según el documento, la Fiscalía pide a la autoridad competente que las 11 personas sean declaradas culpables por los delitos de tráfico de influencias, consorcio y organización criminal, en grado de autoría, y cumplan sus sentencias en el penal de San Pedro de La Paz, en caso de los hombres, y en el de Obrajes en el caso de las mujeres.
El fiscal Miguel Cardozo informó, en contacto con Erbol, que se está pidiendo la pena de 10 años de cárcel para los acusados, tomando en cuenta que es la sanción máxima por el delito de consorcio.
Además de Siles, también son acusados formalmente los exvocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yván Córdova y Claudia Castro; el magistrado suplente del TSJ, Iván Campero; el funcionario que habría direccionado el sorteo del caso; además de Oscar Antonio Amelunge y el abogado que presentaron la Acción de Cumplimiento.
En este caso, sólo la exvocal Claudia Castro cumple detención preventiva en el penal de Obrajes.
En cuanto al resto de los implicados, tienen medidas sustitutivas excepto Antonio Amelunge, quien se encuentra prófugo de justicia.
Caso consorcio
La investigación del caso surgió a raíz de la decisión del juez de Coroico Marcelo Lea Plaza (+), quien, tras una acción de cumplimiento, trató de destituir a la magistrada del TSJ por La Paz, Fanny Coaquira Rodríguez, y en su lugar habilitar como magistrado a Iván Ramiro Campero Villalba, quien no logró los votos suficientes en las elecciones judiciales para ser magistrado electo titular.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, en ese sentido, detalló el accionar del presunto consorcio para dar el “golpe” al Órgano Judicial.
Relató que en enero de 2025, el entonces ministro de Justicia, César Siles, impuso que Yván Córdova sea el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. “Asumiendo la presidencia, empieza a gestarse un juego de intereses para poder asumir el ex vocal y decano Iván Campero, quien es magistrado suplente de la doctora Coaquira”, relató.
En ese sentido, el Presidente del TSJ señaló que Córdova delegó a Claudia Castro como vocal de la Sala Penal y fue ella la encargada de coordinar la acción de cumplimiento con la que el juez Lea Plaza destituiría a la magistrada Coaquira, acción por la que fue aprehendido y detenido preventivamente.
“Todo esto protegido por el exministro (Siles). A título personal planifica este ataque al Órgano Judicial”, relató Saucedo.
Incluso, señaló que se estaban ejecutando accionares similares en busca de destituir a magistrados y tribunos del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental y así “dar un golpe a la democracia y la institucionalidad”.
En conferencia de prensa, el Presidente del TSJ recalcó que el accionar de Siles fue a “título personal” y no así del Gobierno boliviano, entonces encabezado por Luis Arce.