El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó a la población a preservar la independencia e institucionalidad de la Defensoría del Pueblo frente, dijo, a acciones y declaraciones que buscan deslegitimar su labor constitucional como Institución Nacional de Derechos Humanos.
«Convocamos a la ciudadanía a preservar la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo por encima de cualquier interés coyuntural o político. La fortaleza de una Institución Nacional de Derechos Humanos constituye una garantía para la protección de los derechos de todas las bolivianas y todos los bolivianos», afirmó la autoridad en conferencia de prensa.
Callisaya recordó que, por mandato de la Constitución Política del Estado, la Defensoría del Pueblo tiene la misión de promover, proteger y defender los derechos humanos, además de supervisar el cumplimiento de las obligaciones estatales en esta materia. Precisó que la ejecución de políticas públicas y la prestación de servicios corresponden a las instancias competentes de los niveles central, departamental y municipal del Estado.
«No se le puede exigir a la Defensoría del Pueblo la provisión de alimentos, porque esa es una competencia de otras instituciones del Estado. Tampoco se le puede exigir el desbloqueo de vías, porque esa responsabilidad corresponde a las autoridades competentes. Lo que sí corresponde a la Defensoría del Pueblo, y es lo que hemos hecho durante el reciente periodo de conflictividad, es exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos de la población», puntualizó.
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La autoridad recordó que, durante el periodo de conflictividad social, la institución defensorial desplegó acciones de verificación, monitoreo, acompañamiento humanitario y promoción del diálogo. Asimismo, junto con la Iglesia Católica y organizaciones de la sociedad civil, impulsó espacios de acercamiento entre los distintos actores, además de mantener informada de manera permanente a la población sobre las actuaciones desarrolladas.
Respecto a la situación presupuestaria, Callisaya aclaró que el presupuesto anual de la Defensoría del Pueblo asciende a Bs 36 millones y no a Bs 500 millones, cifra difundida públicamente en los últimos días.
Explicó que, en febrero de la presente gestión, el Ministerio de Economía notificó a la institución una reducción del 30 % de la masa salarial y del 10 % de los gastos operativos. Como consecuencia, en mayo se ejecutó la eliminación de 44 ítems, el cierre de la oficina regional de Bermejo y actualmente se encuentra en proceso el cierre de otras cuatro oficinas defensoriales.
«La reducción presupuestaria afecta la capacidad operativa de la institución para mantener su presencia territorial, fortalecer las acciones de prevención, realizar verificaciones defensoriales y brindar atención a la población, especialmente a los sectores en mayor situación de vulnerabilidad. Sin embargo, continuaremos cumpliendo nuestro mandato constitucional con responsabilidad y compromiso», enfatizó.
Asimismo, recordó que la Defensoría del Pueblo cuenta con la acreditación de estatus «A», otorgada en el marco de los Principios de París de las Naciones Unidas, reconocimiento que certifica su independencia, autonomía y cumplimiento de los estándares internacionales aplicables a las instituciones nacionales de derechos humanos.
«La Defensoría del Pueblo continuará ejerciendo su mandato constitucional con independencia, imparcialidad y pleno compromiso con la defensa de los derechos humanos. Nuestra única agenda es la protección de la dignidad y los derechos de todas las personas, sin distinción alguna», concluyó Callisaya.