Después de que se enviara a la cárcel con detención preventiva al máximo dirigente de los ‘Túpac’, Vicente Salazar, la Fiscalía afirmó en las últimas horas que es “muy pronto” para citar al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, dentro de las investigaciones por los 53 días de bloqueos que afectaron al país y principalmente al departamento de La Paz.
El fiscal del caso, Walter Lora, en contacto con Erbol, manifestó que se esperará el “tiempo oportuno” para citar al máximo dirigente cobista, quien es uno de los principales investigados por la denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno por los 53 días de bloqueo.
“Es muy pronto como para poder establecer una fecha, sin embargo, con la comisión de fiscales y la comisión de investigadores vamos a verificar el tiempo oportuno”, afirmó.
El Fiscal, asimismo, confirmó que dentro del caso son seis personas investigadas, entre ellas Argollo y el senador Nilton Condori, aunque no existen nuevas órdenes de aprehensión. Eso sí, aclaró también que Evo Morales no forma parte de los investigados de este proceso.
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“A la fecha tenemos dos investigados que ya están cautelados, como son Justino Apaza y Vicente Salazar (…) efectivamente, Argollo y Salazar son personas investigadas, pero no tienen órdenes de aprehensión en su contra”, detalló.
Ayer, la justicia dictaminó que Vicente Salazar, máximo dirigente de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, cumpla detención preventiva por el lapso de seis meses en el penal de Chonchocoro.
Salazar es investigado por ser uno de los promotores de los bloqueos que se alargaron por 53 días para exigir la renuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz, y que generó una crisis social, sobre todo, en el departamento de La Paz. El dirigente fue aprehendido el pasado sábado e imputado un día después.
Precisamente el documento especifica que Salazar es imputado por los delitos de instigación pública a delinquir, asociación de delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.