Las principales autoridades de Santa Cruz, junto al Comité Cíivico, se reunieron y expresaron su rechazo conjunto a la decisión del Gobierno de transferir el 1% de la coparticpación tributaria a las gobernaciones.
A través de las cuentas oficiales del Comité, autoridades y cívicos advirtieron que “cuando Santa Cruz se une, es imparable”.
“Cuando Santa Cruz se une, es imparable. Rechazamos el 1%, el país necesita descentralizarse… El ciudadano merece respeto!” (sic) señala el mensaje.
La propuesta de otorgar el 1% de coparticipación tributaria a las gobernaciones provocó una polémica por la cantidad de recursos asignados, por lo que cinco autoridades departamentales rechazaron el planteamiento gubernamental.
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Así, el rechazo fue expresado por los gobernadores de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco; Tarija, María René Soruco; Cochabamba, Leonardo Loza; Oruro, Edgar Sánchez; y Chuquisaca, Luis Ayllón.
Entretanto, el viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, explicó que la propuesta sobre la distribución de la coparticipación tributaria a gobierno departamentales no se limita a un punto porcentual, sino que incluye distintas iniciativas para fortalecer las finanzas departamentales: una nueva Ley de Coparticipación Tributaria, liberación de responsabilidades (bono de vacunación, títulos de bachiller y prediarios), modificaciones a la Ley de Dominios Tributarios y mayores recursos para las entidades territoriales autónomas.
“No es una propuesta, no es un punto porcentual, es un conjunto de iniciativas que están en curso y entendemos que podemos estar a favor, en contra, que podemos tener opiniones al respecto, pero estamos en un esfuerzo de diálogo para poder llegar a acuerdos”, afirmó la autoridad.
Oliva explicó que el planteamiento permitiría distribuir más de Bs 550 millones directamente a las gobernaciones. A este monto se sumaría la modificación de la Ley de Dominios Tributarios, que, bajo una estimación conservadora, generará cerca de Bs 2.000 millones en nuevos ingresos tributarios para los gobiernos departamentales.
Además, la propuesta considera el incremento de recursos para las entidades territoriales autónomas, que supera los Bs 2.200 millones en 2026 y los Bs 4.000 millones para 2027, en relación al Presupuesto General del Estado.
Otro componente es la liberación de cerca de Bs 250 millones vinculados a obligaciones por el pago de prediarios, títulos de bachiller y bonos de vacunación.
El viceministro remarcó que la distribución de recursos debe estar acompañada de responsabilidades y sostenibilidad fiscal, por lo que el Gobierno no comprometerá recursos destinados a salud, educación y seguridad ni recurrirá a mayor endeudamiento o déficit para alcanzar acuerdos.
Señaló que las conversaciones continuarán y que la propuesta todavía está abierta a modificaciones. “Lo más difícil es llegar a acuerdos. Lo más fácil es imponer decisiones. Y si queremos llegar a acuerdos, tenemos que hablar y tenemos que escuchar”, concluyó.