Yussef Akly, quien fuera el primer presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la gestión de Rodrigo Paz, confirmó que se encuentra en Estados Unidos, a pesar de que en el país hay una Ley que le impide salir del país al menos seis meses después de dejar su cargo público. No obstante, negó que se haya fugado para evitar las investigaciones en su contra y aseguró que volverá a Bolivia “en un par de días”:
Entrevistado por Asuntos Centrales, Yussef señaló que viajó por “temas particulares y familiares”.
“Salí del país hace dos semanas (…) estoy regresando en un par de días”, indicó.
El expresidente de YPFB, asimismo, negó intentar evadir la justicia y aseguró que se presentará si es convocado.
“Nosotros estamos prestos a participar y hemos asistido a todas las instancias (…) No escondemos nada, la gestión se ha hecho de manera transparente”, sostuvo.
Además, deslindó responsabilidades por el conflicto generado durante su gestión respecto a la distribución de gasolina de mala calidad.
Aseguró que el origen del problema estaría en modificaciones normativas realizadas en 2022, cuando se flexibilizaron parámetros de calidad.
“Esto surge en base a una normativa que se actualiza el año 2022, donde se hace más permisiva la normativa en relación a la calidad”, señaló.
En ese sentido, insistió en que muchos de los problemas actuales en YPFB vienen de anteriores administraciones y habló de una “mala herencia”.
“Son problemas acarreados de mucho tiempo atrás”, afirmó.
Además, sostuvo que algunos lotes de combustibles presentaron problemas de “desestabilización”, situación que, dijo, ya se había registrado en anteriores gestiones.
“Esta es una información que se vino definiendo de alguna manera de gestiones pasadas por malas políticas”, indicó.
Horas antes, el Ministerio de Gobierno informó que Akly “habría abandonado el territorio nacional vulnerando la Ley N° 1352 de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional de Autoridades del Nivel Central del Estado y Entidades Territoriales”.
La norma establece que toda autoridad que concluya funciones debe permanecer en el país por un periodo de seis meses, con la finalidad de garantizar su disponibilidad ante cualquier proceso de fiscalización, auditoría, investigación o requerimiento de rendición de cuentas emergente de su gestión pública.
En ese sentido, el Ministerio informó que, a través la Dirección General de Migración, “ha instruido de manera inmediata el inicio de una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a todos los funcionarios y servidores públicos que hubieran facilitado, permitido u omitido controles que derivaron en la salida irregular del ex ejecutivo de YPFB”.
“El Gobierno Nacional será absolutamente firme en la aplicación de la ley y no tolerará ningún acto de encubrimiento, protección o utilización de influencias para evadir las responsabilidades que corresponden a exautoridades del Estado boliviano”, señala el comunicado.
Finalmente, el Ministerio aseveró que “ningún exfuncionario tendrá privilegios ni tratamiento preferencial por razones políticas, partidarias o personales”.
“El cumplimiento de la ley debe cumplirse sin excepción y con el mismo rigor para todos”, añade el texto.