El pleno de la Cámara de Diputados decidió devolver el informe del Proyecto de Ley de abrogación de la norma 1720 a la Comisión Amazónica y de Tierras, después de que legisladores identificaran “irregularidades” en su procedimiento en la aprobación del informe.
“Queda aprobada por mayoría (de votos) la devolución del presente informe de la comisión para que se puedan subsanar todos los errores que se han tenido y que se pueda trabajar por tiempo y materia”, dijo la presidenta en ejercicio de Diputados, Daniela Cabrera.
La decisión se asumió luego de que legisladores de la Alianza Libre y Unidad observaran que el informe y la aprobación de la norma en la citada comisión presentaba presuntas irregularidades y “vicios de nulidad”.
Cabrera afirmó que el objetivo de la devolución es subsanar todas las observaciones dadas poir el pleno al informe de la Comisión y que de esta manera no se caiga “en ningún vicio de nulidad”.
“La Comisión tiene que trabajar por tiempo y materia y tiene que presentar el día de hoy el informe corregido con el apoyo del equipo técnico de la directiva de la Cámara de Diputados para que no haya ningún error para el siguiente tratamiento”, aseveró Cabrera.
Asimismo, la Cámara Baja aprobó una moción para conformar una comisión multipartidaria y explicar los avances del tratamiento de la abrogación de la Ley 1720 a los marchistas que llegaron del Beni y Pando.
El miércoles, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, y representantes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) acordaron gestionar la abrogación de la Ley 1720 de conversión de tierras, tras un diálogo sostenido en la Casa Grande del Pueblo.
A través de sus redes sociales, Paz reafirmó “su compromiso con un Gobierno que escucha, ordena y resuelve: apuesta firme por el consenso, el diálogo y la comprensión como base de la gestión pública”.
La Ley 1720 autoriza al INRA a convertir voluntariamente pequeñas propiedades rurales tituladas en medianas propiedades; sin embargo, fue cuestionada por sectores indígenas y campesinos, que demandan su anulación.
Precisamente, indígenas y campesinos de Pando y Beni – que marcharon a La Paz durante 23 días- desconocieron a los dirigentes que firmaron el acuerdo con el Gobierno y mantienen una vigilia hasta que la Asamblea abrogue la norma.