Tras 50 días de bloqueo, el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) firmaron un acuerdo que, en suma, logra un avance hacia la pacificación del país, pero que no implica el levantamiento de los bloqueos.
Y es que aunque el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, anunció que se levantan las medidas de presión, los bloqueos son impulsados por otros sectores, como la Federación de Campesinos de La Paz y los cocaleros del Trópico.
Argollo, precisamente, señaló que el compromiso del Gobierno es dar el cumplimiento total del acuerdo en un plazo de 90 días y desde el próximo miércoles empezarán a trabajar las mesas de trabajo que tratarán las demandas cobistas “sector por sector”.
De hecho, el documento se divide en cinco temáticas: Derechos Humanos, Garantías Orgánicas Y Pacificación; Cumplimiento De Compromisos Y Control Social; Soberanía Económica Y Defensa De Empresas Públicas; Transparencia, Fiscalización E Investigación Soberana; Política De Hidrocarburos Y Resarcimiento Técnico; Socialización Legislativa Y Democracia Participativa; y Canasta Familiar, Derechos Laborales Y Seguridad Social.
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Entre los compromisos, el Gobierno se compromete a no apoyar ni ninguna norma que criminalice la protesta y a no realizar “persecución política, judicial y mediática contra dirigentes y autoridades orgánicas movilizadas”.
“Se conformó una comisión legal compuesta por representantes del Órgano Ejecutivo, Central Obrera Boliviana, coadyuvada por el Ministerio Público en el marco de sus competencias con el objeto de gestionar la liberación de los detenidos, revisión de los procesos en los conflictos”, señala otro de los puntos.
Asimismo, el Gobierno ratificó que no impulsará la privatización de empresas públicas estratégicas ni la entrega de recursos naturales estratégicos a intereses privados nacionales o extranjeros en perjuicio del Estado boliviano.
Por otro lado, el Ejecutivo también se compromete a garantizar el abastecimiento de combustibles “cumpliendo con los estándares internacionales de calidad, la sostenibilidad de la política interna de precios, el incremento de la producción nacional de hidrocarburos y la protección de la economía de las familias bolivianas”.
Finalmente, el Gobierno promete que “promoverá previamente mecanismos de socialización, participación y consulta en normas, decretos o medidas de alto impacto social, económico, productivo o sectorial, conforme a la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes”.
Mira el acuerdo: