La Contraloría General del Estado aclaró, a través de un comunicado, que solo puede verificar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de las autoridades con requerimiento fiscal u orden judicial.
“Los Parágrafos I y II del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 1233, señalan que la Contraloría General del Estado, PREVIO requerimiento fiscal u orden judicial dentro de un proceso formal, verificará el contenido de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la servidora o servidor público; verificación que solo alcanza al registro que tuvieren los bienes y deudas, sujetos a registro en entidades públicas o privadas” (sic), señala el texto.
La institución, en ese sentido, ratifica que es una obligación para las servidoras y servidores públicos de prestar declaración sobre los bienes, deudas y rentas que tienen antes, durante y después del ejercicio del cargo y especifica que según el Decreto, el – ahora eliminado- Ministerio de Justicia y actual Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública podrá realizar la verificación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de oficio.
Especifica que el Decreto señala que el Viceministerio de Transparencia tendrá acceso al sistema de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, para consultar declaraciones en el marco de sus competencias y “efectuará la verificación de oficio”.
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El comunicado se da después de la polémica generada por la compra del auto del ministro de Economía, Gabriel Espinoza.
La polémica en cuestión surge debido a que el Ministro confirmó que compró su auto por un precio de 350 mil bolivianos, pero el costo declarado en la minuta notarial es de solo 50 mil bolivianos.
Espinoza, en ese sentido, justificó que compró la vagoneta con recursos provenientes de la venta de su anterior automóvil y un crédito bancario.
Además, a través de comunicados, denunció que existe una “narrativa de desprestigio” y negó que exista una evasión tributaria de su parte.
“Una observación inicial relacionada con la adquisición de mi vehículo está siendo utilizada para formular acusaciones sucesivas, extender los cuestionamientos hacia aspectos personales y familiares e instalar una narrativa de desprestigio”, señaló Espinoza en un comunicado compartido por el Ministerio de Economía.
En ese sentido, redes como Unitel y DTV dieron a conocer otro comunicado en el que el Ministro niega alguna evasión u omisión de impuestos y hace conocer los documentos de la transacción.
Según señala, el pago de impuestos a la transferencia debe ser realizado por el vendedor. En ese sentido, afirma que ese tributo fue cancelado y no se le puede atribuir ningún impuesto omitido, aunque el calculo no fue realizado sobre los 350 mil bolivianos que se pagó por el motorizado.
“No existe un impuesto omitido como consecuencia de esta operación, que me sea atribuible”, señala Espinoza.
En el documento, la autoridad señala que rectificó su Declaración Jurada de Bienes y Rentas para incluir la compra de su vehículo por un monto de Bs 350.000.
“La información correspondiente al vehículo ya fue incorporada, así como la deuda contraída, mediante la rectificación respectiva, conforme habilita el sistema”, afirma.
Además, Espinoza reconoció que en el documento de transferencia de su vehículo se consignó por “error” un monto de Bs 50.000, cuando el costo real del motorizado fue de Bs 350.000, y afirmó que solicitó su rectificación.
“Identificado el error, solicité inmediatamente su rectificación, por lo cual el importador deberá realizar las gestiones necesarias en las instancias que corresponda”, explicó