El gobierno hondureño anunció que detuvo a cuatro sospechosos del asesinato de la activista Berta Cáceres, ganadora del Premio ambiental Goldman. En diciembre del 2013 la activista acusó a uno de los detenidos de hostigar al Copinh y a ella, habló de haber recibido amenazas e incluso hostigamiento sexual. Los familiares piden la intervención internacional.

AMENAZAS

Cáceres era una líder indígena lenca, ambientalista y coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada en su casa el 3 de marzo de este año.

En 2013, anncol.eu presentó un reportaje sobre el conflicto de Río Blanco donde la empresa constructora y consorcio Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) quiere levantar la represa Aguazarca. En el reportaje se entrevista a la activista Berta Cáceres, ella afirmó que había sido acusada y amenazada por el vice jefe de la seguridad de la empresa, Douglas Bustillo.

"Tengo mensajes en mi celular de Douglas Bustillo, el vicejefe de seguridad de la empresa -DESA-, con mensajes de acoso sexual. Es una situación muy complicada para Copinh de un contexto de mayor criminalización, pese a que siempre ha habido una criminalización a Copinh desde el principio”, dice Cáceres en el reportaje.

El Copinh también acusó varias veces al exmilitar, Douglas Geovanny Bustillo y a Sergio Rodríguez Orellana por amenazas.

DETENCIÓN 

El gobierno de Honduras anunció ayer que realizó una operación para detener a los sospechosos en el asesinato. Douglas Geovanny Bustillo  y Sergio Ramón Rodríguez Orellana están entre los detenidos. 

Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público hondureño, informó que presentará cargos contra el mayor Mariano Díaz Chávez, el oficial retirado Edilson Duarte Meza, y los civiles Douglas Geovanny Bustillo y Sergio Rodríguez Orellana, al pesar sobre ellos “evidencias probatorias” de su participación en el crimen.

Los familiares de la activista pidieron la intervención técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque no confían en la policía. Al parecer la captura se debe a la presión internacional, pues Honduras es el país más peligroso para los ambientalistas y en general los crímenes contra ellos no son esclarecidos. 

La detención de los cuatro sospechosos ocurre una semana después de que el Banco Europeo de Inversiones suspendiera la financiación de 39 millones de dólares para un proyecto de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), como medida de presión para que se esclarezca el crimen.