El miércoles 2 de marzo Berta Cáceres fue asesinada en Honduras. Había recibido amenazas de muerte, y estaba bajo protección, ella fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh) que lucha contra grandes empresas de electricidad para proteger territorios indígenas.

Gustavo Castro Soto, activista mexicano de derechos humanos, fue testigo del ataque en el que resultó herido. El domingo intentó volver a su país, pero las autoridades hondureñas no se lo permitieron. El 5 de marzo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de la vida e integridad personal de los miembros de COPINH, la familia de Berta Cáceres y Gustavo Castro en Honduras.

Hoy, tres testigos que son parte del proceso comparecieron ante la jueza primera de Letras de Intibucá. Todos llegaron vestidos con trajes negros y con los rostros cubiertos

Al termino del proceso la jueza determinó prolongar por 30 días la alerta migratoria al mexicano que estará bajo custodia de la Embajada de México y los otros dos testigos deberán estar dispuestos a presentarse si son requeridos de nuevo en el proceso investigativo.

Como respuesta a la decisión de la juez, Castro publicó una carta en la que asegura: ”Los sicarios ya saben que no morí, y seguro estarán dispuestos a cumplir con su tarea”.

En la carta, Castro Soto acusa al gobierno de querer controlar sus declaraciones, advierte que: “mis declaraciones les estorban para culpar a quienes quieren meter a la cárcel”.

Además cuenta detalles del interrogatorio, en el que las autoridades hondureñas “llegaron para que viera fotos y videos e identificar al asesino que me encontré cara a cara, pero lamenté que todos los videos y fotografías eran de las marchas del COPINH, para que señalara quién de ellos había sido”.

Y añade que los agentes de la Fiscalía “no me han mostrado las caras de los dueños de las empresas o sus sicarios; en lugar de dos horas, fueron 4 horas de fotos y más preguntas de las mismas”.

Termina denunciando a las autoridades que “solo quieren indagar lo interno del COPINH para despedazarlo y acabar con una de las principales luchas y más emblemáticas de Honduras en los últimos 20 años”.