“La mayor parte de los candidatos o ya fueron autoridades o ya fueron sucesivamente candidatos a la misma posición. Yo he manifestado que soy proclive a que en Bolivia deberíamos eliminar la reelección definitivamente y eventualmente extender a un periodo de seis años el periodo presidencial”, planteó Rodríguez Veltzé.
“Ante las afirmaciones recurrentes que circulan en distintos medios y plataformas digitales, el Tribunal Supremo Electoral aclara que el Presidente de esta institución, Dr.Óscar Hassenteufel Salazar, no tiene ningún hijo o hija desempeñando funciones en el ámbito de la diplomacia ni en el Órgano Ejecutivo”, señala el comunicado del TSE.
Representantes de la empresa que se encarga de la obra consideraron el hecho como fortuito y aseguraron que afectó a menos de una cuarta parte de la losa en construcción, ubicada en el campo ferial.
“Yo creo que los Bolivaristas y Stronguistas tenemos que trabajar juntos para sacar a Arce del poder y que nunca vuelva y también a Crespo de Strongest. Que daño hacen los dos” (sic), señaló Claure a través de sus cuentas en las redes sociales.
Según el detalle, las represas Tuni, Incachaca, Hampaturi, Milluni, Hampaturi Alto, Pampalarama, Chacaltaya y Alpaquita están al 100% de su capacitad de almacenamiento, mientras que Ajuankhota alcanza el 96,34% y Jankokhota, el 98,84 %.
Telcel tenía los derechos de televisación de la temporada 2024 de la División Profesional del fútbol boliviano y retransmitió algunos de esos partidos durante los primeros meses de este año; sin embargo, la FBF considera que ese material es de su propiedad.
“El Juez Quinto de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia hacia la Mujer de la ciudad de La Paz, mediante Resolución Nro. 88/2025, dictó sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado, contra Miguel Fernando Iriarte y Leonel Elio Sanjinés”, informó este viernes la Procuraduría General del Estado (PGE).
Diferentes sectores económicos insisten, sobre todo, en exigir la abrogación de la disposición adicional séptima del PGE 025, misma que "faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
“Hemos sido ingratamente sorprendidos con esta decisión del Ministerio Público, que no ha valorado la información (…) esto nos parece una muy mala apreciación. Nosotros vamos a objetar como corresponde en Derecho, tratando de preservar en todo momento, por supuesto, el derecho de las víctimas que han sido afectadas con esta actividad ilícita”, anunció la viceministra Susana Ríos.
