El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, reafirmó que la falta de una norma paraliza el avance de los juicios de responsabilidades y señaló que la Sala Plena de esa institución ya envií un Proyecto de Ley para su aprobación en el Legislativo.
En contacto con la prensa, Saucedo señaló que una sentencia constitucional obliga a que en Bolivia se garantice la “doble instancia” en los juicios de responsabilidades. Es decir que haya la posibilidad de apelar la sentencia del TSJ en ese tipo de procesos.
“Hay una sentencia constitucional que establece que se debe garantizar la doble instancia, es decir puedan apelar la sentencia del TSJ”, afirmó.
Señaló, en ese sentido, que la norma enviada establece que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se “desdoble” para garantizar la doble instancia en los juicios de responsabilidades.
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Señaló que se plantea que una parte de la Sala Plena del TSJ se encargue de la etapa preliminar del proceso, otra parte del juzgamiento y sentencia y otro de la apelación.
“Es una Ley de tres artículos que es tratada en el Senado”, afirmó.
Precisamente un análisis jurídico publicado por el portal Oxígeno el pasado lunes alertaba que la Sentencia Constitucional 0075/2024 eliminó de la Ley 044 de juicios de responsabilidades la “única instancia” y ordenó a la Asamblea Legislativa crear una etapa de recursos en seis meses. El plazo venció y el proyecto enviado está trabado: su consulta de constitucionalidad sigue en la comisión de admisión del TCP desde octubre de 2025.
La conclusión del análisis es tajante: mientras no exista un procedimiento compatible con esa sentencia, no es posible juzgar válidamente a ningún expresidente o exvicepresidente. Esto incluye el pedido de la bancada de Libre contra Evo Morales y Álvaro García Linera por el caso Hotel Las Américas. Cualquier sentencia, advierte, nacería expuesta a nulidad y a responsabilidad internacional del Estado.
Por eso, señala el análisis, el Fiscal General debería abstenerse de formular requerimientos hasta que se resuelvan esas condiciones previas.
El caso toma relevancia debido a que la bancada de Libre presentó una proposición acusatoria contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por la presunta comisión de los delitos de Asesinato, Vejaciones y Torturas, y Privación de Libertad vinculados al operativo en el Hotel Las Américas de abril de 2009, que dejó tres fallecidos, y las detenciones de ciudadanos presuntamente acusados de terrorismo y separatismo.
En ese caso, la Fiscalía ya comunicó al Tribunal Supremo de Justicia el inicio de la fase de acumulación de antecedentes y Saucedo señaló que el TSJ tiene 30 días para tomar conocimiento de la causa.
“Posteriormente será el Ministerio Público el que disponga si hay una acusación o no”, señaló.
El Ministerio Público, cabe recordar, ya aceptó una denuncia penal interpuesta recientemente por las víctimas y exprocesados del operativo del Hotel Las Américas (2009). Sin embargo, la resolución fiscal de admisión ha generado controversia al dejar fuera de la lista de investigados al exfiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y a otros operadores de justicia señalados en la querella original.
La denuncia por los presuntos delitos de asesinato, vejaciones y torturas, entre otros, fue presentada por David Sejas Lopes, Alfredo Saucedo Ayala y Juan Carlos Guedes Bruno, tres víctimas del caso del Hotel Las Américas que fueron procesados por el delito de terrorismo y permanecieron detenidos durante varios años en la cárcel, presuntamente sometidos a torturas y amenazas.
La resolución, firmada por la fiscal de materia Yobana Quispe Soto, ordena el inicio de la investigación preliminar contra 105 personas (aunque el documento registra 107 menciones, con dos nombres repetidos). Entre los denunciados admitidos figuran ex altos funcionarios del gobierno de Evo Morales.
Caso Hotel Las Américas
El caso Hotel Las Américas refiere a un violento operativo policial ejecutado el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde las fuerzas de seguridad del Estado intervinieron dicho hotel y abatieron a tres extranjeros (Eduardo Rózsa-Flores, Árpád Magyarosi y Michael Martin Dwyer) acusados por el gobierno de Evo Morales de formar una célula terrorista que planeaba un magnicidio y la secesión de la región oriental del país. Aunque inicialmente el caso derivó en un largo juicio por supuesto terrorismo contra líderes civiles y políticos opositores, el rumbo de la investigación cambió de manera radical tras un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual determinó que el Estado boliviano cometió graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.