Política

Los exministros de la gestión de Jeanine Añez: Carlos Romero (Gobierno), Fernando López (Defensa) y Roxana Lizárraga (Comunicación) fueron declarados en rebeldía y acusados en grado de autoría, por el delito de Tráfico de Armas e Incumplimiento de Deberes, por la internación ilícita al país de agentes químicos en calidad de préstamo desde la República del Ecuador, durante la crisis social de noviembre de 2019.

“Hemos recusado al todavía Magistrado por Bolivia (Gustavo García Brito) por la forma que ha participado (…) Que se inhiba a cualquier conocimiento de causa dado el marcado odio al país y los intereses de Bolivia”, señaló el Procurador boliviano, en referencia al Magistrado - designado por el Gobierno de Jeanine Añez- que falló en contra de Bolivia en la demanda peruana por la subvención de combustible.

El trabajo del Legislativo está a contra reloj, en virtud de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) señaló la necesidad de recibir la lista de los candidatos preseleccionados hasta el próximo lunes 4 de septiembre para realizar las elecciones en diciembre y los nuevos magistrados asuman sus cargos en enero de 2024.

El equipo de especialistas fue formado por cuatro profesionales propuestos por la defensa de Camacho, galenos del Colegio Médico de Santa Cruz, médicos del IDIF, en representación del Ministerio Público, además de médicos del hospital de Clínicas y de El Alto Sur.

“Con mucho respeto pedimos a nuestras hermanas y hermanos de la CSUTCB evitar que su legítima protesta contra las gasificaciones, imposiciones y graves violaciones de Derechos Humanos en el coliseo cerrado Héroes de Octubre de El Alto, sea utilizada como excusa para tapar los problemas económicos, atentados contra el Legislativo, judicialización de la política y protección al narcotráfico”, señaló Morales.

“Se ha presentado el requerimiento conclusivo de acusación formal, es en contra de 10 personas, entre ellos tenemos al exministro de Gobierno (Murillo), Defensa (López) y Comunicación (Lizárraga), de la gestión de finales de 2019, y otros funcionarios de rango policial y militar”, informó informó el fiscal Vladimir Bolívar.

YPFB explicó que el declive inició el 2014 y se profundizó en los últimos años; sin embargo, afirmó que ejecuta un plan para revertir la situación y se espera que dé sus frutos hasta el 2026.

La reunión se da después de que La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz decidiera otorgar una medida cautelar a favor de ocho de ministros para suspender sus interpelaciones hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre un amparo presentado por el titular de Economía.

“Cuando se mete la política y se mete la intencionalidad política, todo se mancha y por eso no creemos nosotros en esta justicia que lo único que busca es teledirección política para arruinar el proceso (de investigación) y no preocuparse por la gente”, remarcó el Alcalde de La Paz.

Este fin de semana, el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, dijo que está en manos del presidente Luis Arce definir quién será el delegado que irá en reemplazo de Gustavo García Brito - quien fue nombrado en el gobierno de Jeanine Añez- al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.