A través de su cuenta en la red social ‘X’ (ex Twitter), el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, exhortó al vicepresidente del Estado y cabeza de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, a convocar a todas las fuerzas políticas y “continuar” con el “diálogo judicial” para garantizar la realización de las elecciones judiciales.

“En la vía exhortativa pido al presidente nato de la ALP, Dabvid Chpquehuanca, convocar a todas las fuerzas políticas a continuar con el escenario de "diálogo judicial" de complementariedades democráticas abierto y público para garantizar elecciones judiciales en el país cumpliendo la CPE”, señaló Rodríguez.

El pasado 18 de enero, Rodríguez convocó al “diálogo judicial” a los jefes de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos para intentar reencauzar las elecciones judiciales, además del presidente de Diputados, Israel Huaytari, y otros legisladores.

Sin embargo, a la reunión no asistieron los legisladores del ‘ala arcista’ del MAS, entre ellos Huaytari.

Aún así, Rodríguez llevó adelante la reunión, misma que firmó con la firma de un acuerdo entre el ala evista del MAS, CC y Creemos.

El acuerdo

En el primer punto de acuerdo, los asistentes a la reunión conminaron a la presidencia de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Constitución el tratamiento del proyecto de ley para las elecciones judiciales, que ya fue aprobada en el Senado; sin embargo, varios de sus artículos fueron aclarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

También se decidió identificar a los responsables de la obstaculización de las elecciones judiciales, a fin de que cumplan sus deberes y funciones. De lo contrario se iniciarán las acciones legales que correspondan.

En tercer lugar, se decidió exigir al presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, asumir un papel activo y responsable con las elecciones judiciales.

En el punto cuatro se sugiere abrir un juicio penal ordinario contra los presidentes de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Constitución, al considerar que cometieron el delito de incumplimiento de resoluciones de acciones de defensa, toda vez que no agilizaron el tratamiento de las elecciones judiciales cuando era una exhortación del Tribunal Constitucional.