Política

El pasado 29 de abril, Añez, presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional una acción de inconstitucionalidad concreta contra los tipos penales por los que se la enjuicia: la de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes y el de Incumplimiento de Deberes.

Ruiz oficializó su renuncia a través de una carta enviada al presidente neto de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Chpoquehuanca.

Arturo Murillo, quien se encuentra detenido en Estados Unidos acusado por los delitos de lavado de dinero y soborno, publicó una carta en un medio español en el que propone al Gobierno boliviano aceptar su extradición a cambio de que Añez – detenida preventivamente por dos casos referidos al presunto Golpe de Estado del 2019- reciba detención domiciliaria.

“Los incrementos salariales son parte de las medidas redistributivas del ingreso para los sectores más vulnerables, en el marco del crecimiento económico con justicia social que refleja el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP)”, señaló el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

“Traición y golpe municipal en La Paz de forma impensada, faltando a la ética y lealtad política; se está gestando en el municipio de La Paz un golpe de Estado municipal en base a la traición, y la compra de conciencia a la cabeza del Movimiento Al Socialismo y Rafael Quispe, que decidió traicionar al alcalde de La Paz”, afirmó Arias previo a que se elija la nueva directiva del Concejo Municipal paceño.

El juicio por el caso Golpe de Estado II inició el 4 de abril.  Añez es acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes, relacionado con la presunta irregular sucesión constitucional de la presidencia del Senado y la posterior Presidencia de Bolivia que sucedió entre el 10, 11 y 12 de noviembre de 2019.

"Quiero hacer llegar al Gobierno de Bolivia una propuesta firme y contundente: acepto una extradición al país si el presidente Luis Arce concede arresto domiciliario a la ex presidenta Áñez y, al mismo tiempo, envía una carta al presidente de de Estados Unidos, Joe Biden, en la que remita la entrega del coronel Maximiliano Dávila, investigado por el Departamento de Estado de EEUU por narcotráfico en un intercambio de prisioneros”, dice la carta de Murillo.

El Tribunal Departamental de Justicia tiene un plazo de 48 horas para admitir o rechazar el recurso presentado por CC y el Comité Pro Santa Cruz.

“Vamos a reunirnos y vamos a evaluar. (Nosotros estamos) siempre abiertos a poder trabajar, porque sabemos que el trabajo de los periodistas, del trabajador de la prensa, de ustedes compañeros, que están buscando (información), no tiene hora, están trabajando fines de semana, feriados”, dijo la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

La OACNUDH Bolivia señala que Bolivia tiene la oportunidad histórica de elegir a un Defensor que defienda y promueva los derechos humanos, aunque alerta que esa tarea solo se podrá cumplir siempre que la autoridad defensorial pueda ejercer sus funciones “de manera independiente y sin interferencias indebidas”.