“En el oriente él y en el occidente yo. Si no aprendemos todos perdemos. Si nos unimos recuperaremos nuestra Bolivia. Trabajaremos en UNIR nuestras fuerzas, trabajemos en ser solo una Bolivia”, señaló Quispe a través de sus redes sociales, anexando fotografías con Cuéllar.
“Necesitamos el uso del barbijo, el lavado constante de las manos, el distanciamiento, son medidas que no debemos dejar de aplicarlas”, dijo el viceministro de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, Max Enríquez.
La demanda contra las exautoridades y el líder de la COB era por los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y terrorismo y fue presentada después de que asambleístas del ‘ala renovadora’ del MAS revelaron que fue el propio Evo Morales que pidió a la COB pedir su renuncia durante la crisis del 2019.
“Bolivia está liderizando el trabajo investigativo y operativo para desarticular esta organización criminal (…) los resultados de este operativo lo vamos a ver en el mediano y largo plazo, (porque) estamos desbaratando una de las organizaciones criminales más grandes en toda la región”, afirmó el Ministro de Gobierno.
Facundo Morales llegó a Bolivia el 2019 para cubrir la crisis que derivaría en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Fue herido en Montero y luego encarcelado, en el Gobierno de Jeanine Añez, acusado de terrorismo.
Según un reporte institucional, el sistema de radares estará funcionando “en su totalidad” el próximo mes. Desde abril a la fecha son más de “400 interceptaciones de vuelos irregulares” realizados en el espacio aéreo boliviano, detalló el el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.
La posición surgió ante versiones de que la estadounidense Administración para el Control de Drogas (DEA) prohibió compartir información con Bolivia sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera, quien es buscado en territorio boliviano con un amplio despliegue policial y de grupos de élite.
El Presidente del Senado señaló que una de las exigencias de la oposición es incorporar en el proyecto de ley la aprobación de todo el proceso de preselección de candidatos por “unanimidad” o “cuatro quintos”, cuando la sentencia constitucional sobre la materia estableció que se debe avanzar en este trabajo con el voto de dos tercios de los presentes.
