“La recomendación para las autoridades sería: uno, extremar esfuerzos para evitar nuevos conflictos; dos, gestionar con prontitud los que estén en curso; y tres, sancionar a quienes afecten a los productores, exportadores, importadores, transportistas, comerciantes, consumidores y trabajadores en cuanto a la libre circulación y trabajo. ¿Acaso no se trata de derechos humanos?”, cuestionó el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.