Áñez y otras 17 exautoridades fueron acusadas por los delitos de “genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano” tras la arremetida contra civiles en noviembre de 2019 en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto, en el departamento de La Paz.