La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz  respondió a las consultas realizadas por el vicegobernador de ese departamento, Mario Aguilera, y reiteró que no se dieron las “condiciones” para proceder a suplir a Fernando Camacho en el cargo de Gobernador, a pesar de que éste se encuentra detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro de La Paz por delitos vinculados al caso denominado ‘Golpe de Estado I’.

“La ley no es lo que digan las autoridades ni los ministros ni los diputados ni los senadores ni las asambleístas. El Estatuto deja claramente establecido cual es el procedimiento para que pueda ocurrir la sustitución temporal o la pérdida de mandato del gobernador. Se ha hecho un análisis jurídico y no se han dado las condiciones para que eso ocurra”, afirmó el presidente de la ALD, Zvonko Matkovic a El Deber.

Matkovic, en ese sentido, señaló que el Legislativo no tiene potestad para la suplencia de la primera autoridad del departamento y recordó que existe jurisprudencia en este sentido, además de “un manual de funciones” del Ejecutivo que se activa cuando se dan las condiciones de un interinato.

En pasados días, el Vicegobernador cruceño envió dos cartas – fechadas el 5 y 15 de enero- a la ALD solicitando interpretar la norma y definir qué procede ante la ausencia temporal o impedimento definitivo del gobernador cruceño.

En concreto, Aguilera realizó tres consultas a la ALD: “¿Cuál es la naturaleza jurídica y alcances de la ausencia temporal e impedimento definitivo del gobernador del departamento?; ¿Cuáles son las causales por las cuales se materializa la ausencia temporal e impedimento definitivo del gobernador del departamento?; y ¿Cuál es el procedimiento ante la ausencia temporal e impedimento definitivo?”.

En pasados días, el Gobierno había advertido que según la Constitución y el reglamento autonómico cruceño corresponde que la ALD y la propia Gobernación nombren a un sustituto – temporal- de Camacho mientras dure las investigaciones en su contra.

Aunque en primera instancia el Gobierno había advertido que la inacción de las autoridades cruceñas podría derivar en acciones penales, constitucionales y hasta electorales, el fin de semana el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que la posición del Ejecutivo es dejar que sea la propia ALD cruceña la que aplique la normativa.