El vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, envió dos cartas, en distintas fechas, al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic, en la que pide interpretar la norma y definir qué procede ante la ausencia temporal o impedimento definitivo del gobernador cruceño.

En la primera misiva, fechada el 5 de enero, Aguilera realiza tres consultas a la ALD: “¿Cuál es la naturaleza jurídica y alcances de la ausencia temporal e impedimento definitivo del gobernador del departamento?; ¿Cuáles son las causales por las cuales se materializa la ausencia temporal e impedimento definitivo del gobernador del departamento?; y ¿Cuál es el procedimiento ante la ausencia temporal e impedimento definitivo?”.

Aguilera reiteró la consulta ayer, 16 de enero, mediante otra misiva oficial; sin embargo, hasta ahora, Matkovic no responde a la solicitud del Vicegobernador cruceño.

La consulta de Aguilera se debe al hecho de que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, está detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro acusado por tres delitos dentro del caso ‘Golpe de Estado I’.

No obstante, el pasado 11 de enero, el propio Vicegobernador cruceño había descartado suplir a Camacho en el cargo de Gobernador.

En esa oportunidad y en conferencia de prensa, Aguilera aseguró que “no puede asumir el cargo de gobernador porque el cargo no está vacante; porque el gobernador es Luis Fernando Camacho”.

"El gobernador del departamento es Luis Fernando Camacho. No es un cargo vacante”, afirmó.

La posición respecto a que Camacho seguirá siendo Gobernador de santa Cruz a pesar de su detención también fue expresada por Matkovic, quien incluso acusó al Gobierno de buscar dar un “golpe” a la Gobernación cruceña.

En pasados días, el Gobierno había advertido que según la Constitución y el reglamento autonómico cruceño corresponde que la ALD y la propia Gobernación nombren a un sustituto – temporal- de Camacho mientras dure las investigaciones en su contra.

Aunque en primera instancia el Gobierno había advertido que la inacción de las autoridades cruceñas podría derivar en acciones penales, constitucionales y hasta electorales, el fin de semana el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que la posición del Ejecutivo es dejar que sea la propia ALD cruceña la que aplique la normativa.