Investigación
César Sánchez
14/12/2020 - 20:00

Justicia anula el proceso penal contra Evo Morales por el caso fraude electoral; CC lo deplora

La resolución argumenta que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no habría logrado resolver internamente si hubo o no fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre de 2019. La Jueza también hizo notar que Evo Morales como exmandatario debería ser procesado en un juicio de responsabilidades.

El expresidente Evo Morales.

La jueza Claudia Castro resolvió anular el proceso penal iniciado por el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, en contra del expresidente Evo Morales, por el presunto fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre de 2019.

En suma, la Jueza Tercero Anticorrupción de La Paz emitió la resolución 408/2020 en la que ordena la anulación y archivo de la investigación contra el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera, los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce Zaconeta, Carlos Romero, y otros  acusados en el ‘caso fraude electoral’, según información a la que tuvo acceso la Agencia de Noticias Fides.

Según el mencionado medio, la resolución fue emitida el pasado 23 de noviembre dentro del proceso por los presuntos delitos de alteración u ocultación de resultados, incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes y servicios públicos y uso indebido de influencias.

La decisión de la jueza Castro se da en respuesta a dos recursos judiciales interpuestos por uno de los procesados que buscaba dejar sin efecto el proceso penal.

Primero, Castro declaró “fundada la excepción de prejudicialidad y falta de acción y en mérito a ello dispone la suspensión del proceso penal y en consecuencia el archivo de actuaciones jurisdiccionales y fiscales en tanto desaparezca el impedimento legal que las hubiere fundado”, de acuerdo a la resolución difundida por ATB.

Segundo, la resolución judicial también dispone “con relación al incidente de actividad procesal defectuosa (…) declara fundado el incidente de actividad procesal defectuosa en parte, y así también de acuerdo al Auto Supremo disponiendo en consecuencia la nulidad de actuados al vicio más antiguo, es decir, la ampliación de denuncia presentada ante el Órgano Judicial en fecha 30 de septiembre de 2020”.

Castro emitió esta resolución debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no habría logrado resolver internamente si hubo o no fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre de 2019. La Jueza también hizo notar que Evo Morales como exmandatario debería ser procesado en un juicio de responsabilidades, según ATB.

CC deploró la decisión

Luego de que la decisión judicial fue hecha pública, la alianza de CC emitió un comunicado en el que deploró la decisión de la jueza Castro.

“Deploramos la decisión política de la jueza Castro, que refleja una vez más que los operadores del sistema judicial, no solo se mantienen a las órdenes del Movimiento Al Socialismo, sino que han perdido legitimidad y respeto por las leyes y la noble profesión del derecho”, señala el documento compartido por la alianza opositora.

En ese sentido, la alianza liderada por Carlos Mesa señala que la decisión judicial “no puede cambiar la verdad histórica de los hechos, evidenciada por el pueblo y sustentada en informes técnicos de organismos internacionales, que demuestran que el 2019 se cometió un gigantesco fraude electoral, planificado, activado y ejecutado para beneficiar a los entonces Presidente y candidato Evo Morales, y vicepresidente y candidato Álvaro García Linera”.

“Una vez más queda en evidencia la necesidad urgente de recuperar el sistema judicial del control político, que ha convertido a un Órgano del Estado, en un mecanismo de corrupción, ineficiencia e inmoralidad, al servicio de intereses personales y partidarios”, agrega CC.

Finalmente, Comunidad Ciudadana alerta que la decisión judicial de anular el proceso por el tema del fraude electoral  “es parte de la estrategia deliberada del MAS y sus dirigentes que intentan posicionar la idea de un falso golpe de Estado, para criminalizar la vida política e iniciar una persecución judicial contra los líderes políticos y sociales, que en noviembre de 2019 y ante el fraude electoral, defendieron la democracia y sus instituciones con movilizaciones pacíficas que terminaron con la renuncia del expresidente”.

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