Quiborax
César Sánchez
12/07/2018 - 17:32

Guerrero: Las declaraciones de Rodríguez Veltzé podrían ser lapidarias para Carlos Mesa

Las declaraciones de Rodríguez Veltzé serás acumuladas en la etapa de investigación, si es que la Asamblea Legislativa autoriza el inicio de un juicio de responsabilidades.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, aseveró hoy que las declaraciones del expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, sobre el caso Quiborax podrían ser “lapidarias” para Carlos Mesa, ya que confirmaría sus errores en la reversión de concesiones otorgadas a la chilena Quiborax en el Salar de Uyuni.

Ayer, Veltzé aseguró que la actuación de su Gobierno en el caso de Quiborax se enfocó a “sanear” los procedimientos y “reestablecer el principio de legalidad” en la recuperación de las concesiones mineras en el Salar de Uyuni, mediante la abrogación del Decreto Supremo del expresidente Carlos Mesa que revertía las concesiones a manos del Estado Boliviano.

Al respecto, Guerrero señaló que esas declaraciones llegaron vía Cancillería un día después que venciera el plazo de 30 días para que la Fiscalía General del Estado presente el “requerimiento acusatorio” sobre la denuncia formulada por la Procuraduría General del Estado.

“Las respuestas de Rodríguez Veltzé ratifican los datos y toda la información que tiene el Ministerio Público, en sentido que se emitió un decreto para corregir la ilegalidad que se había cometido”, aseguró y agregó que las declaraciones del expresidente serán acumulados en la etapa de investigación, si es que la Asamblea Legislativa autoriza el inicio de un juicio de responsabilidades.

Al respecto del requerimiento acusatorio que presentó la Fiscalía en contra de Mesa, Guerrero aclaró que solo se pidió autorización para procesar al expresidente Mesa porque goza de un juicio de privilegio, a donde también serán sometidos los exministros que habrían participado de este proceso.

Mesa fue denunciado por supuestos delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica, entre otros, por haber generado las condiciones para que el Estado sea obligado a pagar 42,6 millones de dólares a la empresa chilena que demandó un arbitraje internacional.

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