El expresidente del Estado y actual agente de Bolivia en La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, aseguró que la actuación de su Gobierno en el caso de Quiborax se enfocó a “sanear” los procedimientos y “reestablecer el principio de legalidad” en la recuperación de las concesiones mineras en el Salar de Uyuni, mediante la abrogación del Decreto Supremo del expresidente Carlos Mesa que revertía las concesiones mineras del Salar de Uyuni a manos del Estado Boliviano.

La Razón publicó las respuestas de Veltzé a un cuestionario enviado por la Fiscalía; en el que aseveró que “la actuación de mi gobierno se concentró en restablecer el Principio de Legalidad en la conducción de la actividad del Estado en el procedimiento de recuperación de concesiones mineras ubicadas en el Salar de Uyuni y áreas de influencia conforme lo dispuso la Ley 2564”.

La declaración se basa en la promulgación del D.S. 28527, del 16 de diciembre de 2005, que abrogó el D.S. 27589 del expresidente Carlos Mesa, que revertía las concesiones mineras del Salar de Uyuni al Estado Boliviano.

"Mi gobierno no ingresó al mérito de las razones por las que se dispuso la nulidad de las concesiones, cumplió con el deber administrativo de sanear los procedimientos en resguardo del principio de legalidad que garantiza el sometimiento de autoridades y administrados al orden legal", agrega.

El expresidente aseguró además que no recuerda ni dispone de acceso a información sobre propuestas para resolver el conflicto de intereses por la reversión de las concesiones en el Salar de Uyuni y que conoció “solo por los medios” sobre los procesos judiciales internos que se hubiese desarrollado en contra de los representantes de la firma chilena Non Metallic Mineral SA.