OEA pide a Bolivia y Chile agotar recursos para solucionar el conflicto de los 9 detenidos
El ministro de Justicia, Héctor Arce, y el canciller, Fernando Huanacuni, presentaron ante la OEA la denuncia por la injusta detención de los nueve ciudadanos bolivianos
El ministro de Justicia, Héctor Arce, y el canciller, Fernando Huanacuni, presentaron ante la Asamblea permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) la denuncia por la injusta detención de los nueve ciudadanos bolivianos cuando realizaban tareas de lucha contra el contrabando en la frontera con Chile el 19 de marzo; el canciller chileno replicó que esta era una estrategia comunicacional de Bolivia y que las denuncias carecían de credibilidad.
El presidente del Consejo permanente de la OEA, representante de Haití, presidió la reunión de embajadores en la que intervinieron el canciller Hunacuni, quien explicó las irregularidades cometidas en la detención y el proceso judicial; y el ministro Arce que argumentó que las acusaciones en su contra no tienen fundamentación.
Al final de las intervenciones, el representante de Haití pidió a ambos países que agoten todos los recursos para solucionar este conflicto; después la sesión se dio por finalizada.
DECLARACIÓN
Los ministros Arce y Huanacuni subrayaron la predisposición al diálogo de parte del gobierno boliviano y pidieron el apoyo para lograr la pronta liberación de los detenidos. "Venimos a extender la mano a un país vecino, a instarle a trabajar y sobre la base de la cooperación, solidaridad y complementariedad venimos a pedirle su apoyo y decirles que ya es tiempo de que liberen a los nueve bolivianos injustamente detenidos en Chile", dijo Huanacuni.
"Los nueve ciudadanos fueron detenidos injusta y arbitrariamente por carabineros de Chile bajo hostigamiento y uso excesivo de violencia incluyendo disparos de amedrentamiento, con serios indicios de tortura", afirmó el canciller.
Denunció también que el Gobierno de Chile asumió una actitud hostil negando la visa de ingreso a ese país a dos ministros de Estado y a los presidentes de la Asamblea Legislativa; incluso familiares de los detenidos fueron discriminados por las autoridades chilenas cuando intentaron visitar a los presos.
"Lamentamos que en esta oportunidad no se haya procedido según la costumbre de nuestros países y no se haya usado los canales diplomáticos y de diálogo y más al contrario se haya forzado hacia alto grado de judicialización sin respetar los acuerdos internacionales de derechos humanos", remarcó.