Organizaciones sociales, eclesiásticas y defensoras de Derechos Humanos protestaron el martes 7 de febrero en Argentina y pidieron al Congreso de ese país que intervenga para dejar en suspenso el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno de Mauricio Macri que endurece la Ley de Migraciones.

Al mismo tiempo, una comisión boliviana estuvo en Buenos Aires, encabezada por el presiente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzalez, quien aseguró que las autoridades de la Dirección de Migración de ese país garantizaron que no existirán expulsiones de residentes bolivianos y que no se modificó el trámite de residencia.

“Expulsiones, por expulsiones como deporte nacional, nos han garantizado las autoridades que no van a haber. Previamente a una expulsión tiene que haber una serie de causales y no es simplemente la apertura de una causa, eso también nos han explicado claramente, porque había quedado la imagen de que a sola apertura de una causa ya te expulsaban, eso de ninguna manera va a ser así”, aseguró.

PREOCUPACIÓN DE ORGANIZACIONES DE DDHH

En Argentina, Mauricio Macri promulgó un decreto que endurece la Ley de Migraciones para acelerar los procesos de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos. Dicha medida está siendo cuestionada por la comunidad de extranjeros residentes en Argentina.

La preocupación de estas organizaciones es que el nuevo discurso del gobierno criminaliza a los migrantes y los hace "responsables de todos los delitos" que se comenten en Argentina.

Las organizaciones presentaron a la Comisión Bicameral un pedido firmado por organizaciones sociales, de derechos humanos, eclesiásticas y de migrantes para que abran un proceso de discusión por la medida, para que reciba información técnica, y cite a las autoridades del Estado para explicar y debatir la reforma.

Estos son algunos aspectos preocupantes del Decreto 70/2017, que plantean las organizaciones:

• Una de las principales modificaciones entre las causales de cesación de residencia es la inclusión de delitos que acarrean penas menores a tres años, como el hurto o la usurpación así como cualquier hecho culposo (un accidente de tránsito, por ejemplo).  
• El Decreto reduce los plazos del procedimiento de deportación, mediante la creación de un trámite sumarísimo, previendo tres días para cualquier recurso en la vía administrativa o judicial. 
• El Decreto concentra atribuciones y competencias en la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), es juez y parte en los procesos. lo que contradice la institucionalidad democrática.
• El decreto restringe sustancialmente la reunificación familiar, ya que la “DNM podrá dispensar la cancelación de la residencia si el extranjero invocare reunificación familiar respecto de progenitor, hijo o cónyuge ciudadano argentino”.

Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de los migrantes en Argentina manifestaron que interpondrán acciones que impidan la regresión y las restricciones en materia de derechos.