La responsabilidad por el accidente de la empresa LaMia el 28 de noviembre son de la aerolínea y del piloto por lo que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas (MOPSyV) está iniciando procesos tanto administrativos como penales por el suceso, fueron las conclusiones que dio el Ministro Milton Claros Hinojosa. Anunció además, que se está trabajando en los controles de seguridad y que no hay riesgo de perder la certificación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El Ministerio dio una conferencia de prensa sobre las investigaciones realizadas en el caso LaMia. Sin embargo, anunció que ésta se reduce a los procesos administrativos y que la indagación sobre los contratos y los sucesos relacionados directamente con el accidente son responsabilidad del Ministerio Público, que está trabajando junto con las Fiscalías de Colombia y Brasil.

En su exposición, los personeros del Ministerio informaron que la aerolínea estaba certificada desde enero de 2016, además que toda la tripulación estaba con sus licencias vigentes. Informaron también que la señora Celia Castedo contaba con la experiencia y capacitación necesaria para el cargo que ocupaba en la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Navegación Aérea (AASANA).

El Ministro informó que LaMia tenía una certificación de operador aéreo de vuelos no regulares (charter) tanto nacionales como internacionales. Que la póliza de seguros de 25 millones de dólares presentada era suficiente para cubrir las indeminización justa mínima, siendo de 44.041 dólares en vuelos nacionales y de 113.100 en internacionales. Sin embargo, se observa que el gerente de la empresa sea padre del encargado de registro de la DGAC, por lo que se abrió un proceso sobre el tema.

Sobre las medidas de seguridad, Claros informó que se dieron dos instructivos tanto a AASANA como a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la primera es “redoblar” el control y vigilancia de todas las operaciones aéreas, “más allá del cumplimiento de inspecciones periódicas”. Y el segundo es la implementación de un sistema de seguridad del Estado, el cual ha sido un planteamiento de la OACI que se está implementando en varios países de la región, según dijo la autoridad.

El Ministro también ratificó que Bolivia no tiene riesgo de descertificación de Categoría 1 de la OACI ya que las recomendaciones que da la organización no son punitivas, son, en cambio consideraciones y recomendaciones generales para mejorar el tráfico aéreo en cada país.

La representante jurídica del MOPSyV dijo que se están siguiendo procesos en tres niveles. En lo inmediato precautelar en los procesos administrativos a la DGAC, en la parte disciplinaria se ha iniciado un sumario interno contra Cesar Augusto CV Varela, Celia Castedo y Tito Gandarillas para establecer “la verdad de los hechos”. Y en la parte sancionatoria penal, se iniciaron acciones contra Gustavo Vargas  Gamboa y  Gustavo Vargas Villegas, padre e hijo, y gerente de LaMia y director de registro de la DGAC respectivamente. Anunció además, que el Estado está asumiendo acciones de responsabilidad contra servidores públicos como los directores ejecutivos y regionales de DGAC y AASANA como inmediatos superiores de los funcionarios cuyas acciones están siendo investigadas.