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Redacción Oxígeno
02/11/2021 - 12:08

CIDH urge a Bolivia a proteger a niñas y adolescentes de la violencia sexual y garantizar sus derechos reproductivos

La CIDH pide al Estado garantizar la confidencialidad y privacidad de las víctimas, blindándolas de cualquier tipo de opiniones y o información no científica que pueda interferir en sus decisiones.

Bolivia registra una de las tasas más altas de embarazo adolescente en la región.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este martes al Estado Plurinacional de Bolivia a proteger a las niñas y adolescentes de la violencia sexual y el embarazo forzado, así como garantizar el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, tomando en cuenta la situación particular de vulnerabilidad que enfrentan por razones de género y edad en aplicación del marco normativo nacional e internacional.

En un documento oficial, la CIDH recuerda que la violencia sexual contra niñas y adolescentes constituye no solo un tipo particular de agresión basado en género, sino una forma de discriminación que impide el goce de otros derechos humanos que puede afectar por completo su proyecto de vida.

“La Comisión observa que el embarazo de niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual pone en riesgo su vida, salud física y mental, y afecta su autonomía integral”, agrega.

En el informe sobre Violencia y Discriminación contra Mujeres, Niñas y Adolescentes, la CIDH advirtió que el embarazo infantil y adolescente es un serio problema en el hemisferio con cerca de 10 millones de embarazos al año, respecto del cual los Estados tienen el deber de atender el interés superior y garantizar la protección especial de los derechos humanos de las niñas y las adolescentes por la condición de especial vulnerabilidad.

Confidencialidad y decisión informada

En particular, quienes son víctimas de violencia sexual deben acceder pronta y oportunamente a los servicios de salud y a toda la información científica para que tanto ellas como sus familias puedan tomar las decisiones y dar el consentimiento sobre cualquier procedimiento, sin que esto represente un riesgo para sus vidas, o afectación a otros derechos.

"El Estado debe además garantizar la confidencialidad y la privacidad, blindándolas de cualquier tipo de opiniones y/o información no científica por parte de personas que se desempeñan como funcionarias de instituciones públicas y/o de terceros que pueda interferir en sus decisiones", dice el comunicado.

Embarazo adolescente y violencia 

Bolivia registra una de las tasas más altas de embarazo adolescente en la región que, según el Fondo de Población de Naciones Unidas, es de 88 por cada 100 habitantes de entre 15 y 19 años, en tanto que el promedio regional es de 70.

Por su parte, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, entre enero y julio de 2021 se registraron 22.221 embarazos de adolescentes, con una proyección de aumento para el segundo semestre del año.

Al respecto, se destaca que el Estado de Bolivia cuenta con un marco normativo de protección a las niñas y las adolescentes que son víctimas de violencia sexual y embarazo forzado, que debe implementarse atendiendo de forma estricta el interés superior, entendiendo que la negación de la interrupción voluntaria segura y oportuna del embarazo en determinadas circunstancias puede constituir una vulneración a sus derechos fundamentales, en especial, los derechos a la vida, integridad personal, salud y, en general, las garantías de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación.  

En particular, insta al Estado boliviano a desempeñar su mayor esfuerzo para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, fortaleciendo las instancias de la ruta de atención oportuna y adecuada, y garantizando el acceso oportuno a los servicios de salud e información, en cumplimiento de su normativa interna y los tratados internacionales. 

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