El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó hoy que, respecto al caso de la niña de 11 años que fue víctima de violación en Yapacaní y que a consecuencia del hecho se encuentra en estado de gestación, el Ministerio Público activó los mecanismos de protección de la víctima en resguardo de su salud física y psicológica a través del "Programa de protección de víctimas, testigos, denunciantes y miembros del Ministerio Público", con la intervención del Ministerio de Salud y Deportes, el SEDES de Santa Cruz y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

“El Ministerio Público en el uso de sus atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 260, decidió que en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados Internacionales, Código Niña, Niño, Adolescente y leyes como la Ley Nº 458 y Ley Nº 1173 que establecen precautelar el interés superior de la niña, niño y adolescente y la protección reforzada a favor de sectores vulnerables, el Ministerio Público activó los mecanismos de protección de la víctima en resguardo de su salud física y psicológica”, dijo Lanchipa.

La autoridad manifestó que el Ministerio Público dentro de la investigación por el delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente previsto en el artículo 308 Bis. del Código Penal, imputó al presunto autor del hecho y logró su detención preventiva, en el Penal de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz.

“Se ha instruido que, por la naturaleza del hecho cuya víctima es una niña, el presente caso se atienda con la debida diligencia con una supervisión directa de la Dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil”, sostuvo el Fiscal General.

 “El Ministerio Público exhorta a la población en general mantener en absoluta reserva los datos de identidad de la víctima, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1100/2011-R de 16 de agosto, en resguardo de los derechos y garantías constitucionales de la víctima y evitar su revictimización”, instó la autoridad.

Aceptó la denuncia de la Defensoría

Por otro lado, Lanchipa explicó que ante la denuncia presentada por la Defensoría del Pueblo, por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Desobediencia a Resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad y trata de personas con fines de guarda y adopción, la misma fue admitida por el Ministerio Público y al haberse dirigido contra autor o autores, se encuentra en etapa de investigación para la individualización de los mismos, al efecto se librarán los requerimientos y órdenes que correspondan.

El pasado miércoles, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, anunció la presentación de acciones legales en los  ámbitos nacional e internacional con la finalidad de salvaguardar la vida, dignidad e integridad de la menor de 11 años de edad que resultó embarazada producto de una violación en Yapacaní y que fue llevada por la Iglesia a un centro para seguir con su proceso de gestación.

Una de ellas fue la presentación de una denuncia penal “en contra de las defensorías de la niñez y adolescencia de Yapacaní y Santa Cruz, del personal médico  de enfermería del Hospital Percy Boland, la ONG y el Arzobispado de Santa Cruz que ha intervenido, y también en contra de la madre, por los delitos, en lo que corresponda, de incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones constitucionales y trata de personas”, señaló la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en conferencia de prensa.

Paralelamente, la Defensoría también presentó una “acción de libertad en contra de las defensorías de la niñez y adolescencia, del Hospital Percy Boland, así como contra el Arzobispado que ha intervenido, para que la instancia competente, es decir, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní, reencamine el procedimiento de Interrupción Legal del Embarazo, sin viciar el consentimiento de la menor ni por parte de sus familiares ni de cualquier instancia, grupo o sector religioso”, detalló la autoridad defensorial.

Dijo que además “estamos solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se apliquen medidas cuatelares en contra del Estado boliviano, tomando en cuenta que la niña de 11 años de edad en situación de embarazo ya constituye un hecho grave, de acuerdo con lo que reconoce el mismo sistema interamericano”.

El hecho ocurrió en Yapacaní, departamento de Santa Cruz. En el hogar de la niña también fueron abusadas por su padre biológico, ahora en la cárcel de Palmasola, sus hermanas de hoy 14 y 15 años.

El caso causó indignación en la sociedad boliviana y diferentes instituciones abrieron el debate sobre la situación de la niña y su embarazo.

En medio de la polémica, el martes, la niña fue dada de alta y la Iglesia la llevó a un centro de acogida, donde, aseguró, se le dará seguimiento especializado para que pueda seguir con su proceso de gestación.