A través de un comunicado, el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia (ONU Bolivia) se pronunció respecto al caso de la niña de 11 años que resultó embarazada producto de la violación de su abuelastro.

En el texto, la ONU hace un llamado urgente a intensificar los esfuerzos para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y de embarazos forzados y recuerda que “hay un marco normativo internacional y nacional de protección a las niñas que debe aplicarse de manera integral y oportuna para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas”.

En ese sentido, el organismo alerta que el embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, “sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación”.

En caso de que una infante resulte embarazada producto de una violación, añade el texto, es necesario que se garantice que ella y su familia reciban la información adecuada "y sin presiones sociales" para tomar una decisión respecto a seguir con el proceso de gestación.

“ONU Bolivia reafirma que es imprescindible que, en caso de violencia sexual y embarazos, el Estado active los mecanismos de protección integral de manera oportuna, incluidos los servicios de salud, para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales vigentes para el ejercicio de los derechos de las niñas. Ellas y sus familias, antes de otorgar consentimiento o tomar una decisión, deben recibir información y orientación clara, científica y oportuna, respetando su confidencialidad y privacidad, evitando presiones sociales, religiosas o de otra índole que promuevan la revictimización y atenten contra sus derechos”, señala.

En ese sentido, la ONU alerta que someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura, tal y como establecieron el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y el  Comité Contra la Tortura, entre otros.

“En cuanto a la normativa nacional, el artículo 61 de la Constitución Política del Estado prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. El Código Niña, Niño y Adolescente, en su artículo 148, garantiza a las niñas el derecho a ser protegidas contra la violencia sexual. Además, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 establece que la mujer y la niña podrán, como una opción, acceder a la interrupción legal del embarazo en caso de violación, incesto, estupro y cuando su vida o salud esté en riesgo”, señala el comunicado.

Finalmente, la ONU Bolivia reiteró la importancia de contar con una ley marco de derechos sexuales y derechos reproductivos compatible con otras normas referidas a la salud e integridad física, psicológica y emocional de las niñas, para poner fin al silencio y la impunidad, asegurando que ellas puedan alcanzar su pleno potencial y desarrollo.

El hecho ocurrió en Yapacaní, departamento de Santa Cruz. En el hogar de la niña también fueron abusadas por su padre biológico, ahora en la cárcel de Palmasola, sus hermanas de hoy 14 y 15 años.

El caso causó indignación en la sociedad boliviana y diferentes instituciones abrieron el debate sobre la situación de la niña y su embarazo.

En medio de la polémica, ayer, martes, la niña fue dada de alta y la Iglesia la llevó a un centro de acogida, donde, aseguró, se le dará seguimiento especializado para que pueda seguir con su proceso de gestación.