El ministro de Justicia, Iván Lima, a nombre del Gobierno nacional, presentó ante la Fiscalía cuatro peticiones de juicios de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez y su gabinete de ministros.

La petición para los cuatro juicios de responsabilidades fueron presentados la mañana de este lunes ante la Fiscalía General del Estado en Sucre, tal y como lo anunció Lima la noche del domingo.

En entrevista con RTP, Lima señaló que los juicios de responsabilidades son por dos casos de corrupción y dos de “graves violaciones a los derechos humanos”. Detalló que aún no se inició los procesos por las ‘masacres’ de Senkata, Sacaba, Montero, Pedregal, entre otros.

“Se van a presenta cuatro acciones de juicios de responsabilidades iniciales y, seguramente, en las próximas semanas también vamos a presentar acción penal por las masacres sangrientas a partir de los avances que hizo el Ministerio Público en la vía ordinaria contra los actores que no tienen privilegio constitucional”, aseguró Lima.

Los documentos presentados este lunes son memoriales que están suscritos por el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional relacionados a procesos por casos de corrupción y violación de derechos humanos durante la gestión de Añez.

El primer proceso presentado en contra de Jeanine Añez Chavez, Abel Martínez y Adhemar Guzman Ballivian, exministros de Desarrollo Productivo y Economía Plural, por los delitos de Uso Indebido de Influencias y Resoluciones Contrarias a la Constitución y Conducta Antieconómica, por el Decreto Supremo N° 4356 de 29 de septiembre de 2020, que amplió la concesión del Registro de Comercio  por 15 años adicionales.

El segundo juicio se presentó en contra de Jeanine Añez Chavez, como expresidenta y José Luis Parada Rivero, exministro de Economía y Finanzas Públicas y Guillermo Aponte Reyes Ortiz, expresidente Ejecutivo del Banco Central de Bolivia. Por los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, Conducta Antieconómica e Incumplimiento de Deberes. Por gestionar un préstamo ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), que no fue aprobada por la Asamblea Legislativa.

La tercera demanda es por la vigencia de una norma que impedía que se haga observaciones críticas, memes, expresiones artísticas que cuestionen la política de salud del gobierno de facto de Añez. “Durante su vigencia muchos bolivianos fueron arrestados, detenidos, perseguidos por el hecho de hacer críticas al gobierno de Añez”, argumentó el Ministro de Justicia, quien aseguró que varias víctimas solicitaron asesoramiento para presentar la acción penal.

La cuarta acción es por los bolivianos que trabajan en Chile, que no lograron ingresar al país por un decreto supremo arbitrario que impedía a los residentes retornar a su patria en plena crisis de la pandemia se les negó un derecho constitucional que no puede ser restringido. “Ellos también nos han pedido asesoramiento y se ha presentado la proposición acusatoria que va desembocar en la acción penal”, agregó Lima.

Las proposiciones acusatorias deben ser remitidas ante la Asamblea Legislativa que definirá si corresponde o no continuar con un juicio. Esa decisión se debe realizar por dos tercios de voto.