La noche de este domingo, la juez Regina Guzmán dispuso dar detención preventiva para la expresidenta del estado, Jeanine Añez, y los exministros de Energías y Justicia, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, respectivamente, por el caso del supuesto golpe de Estado ocurrido el 2019.

Según justificó la jueza, ni Añez ni los exministros pudieron desvirtuar los riesgos de de fuga y obstaculización. En ese sentido, la expresidenta cumplirá su detención preventiva en el penal de Obrajes; en cambio, los exministros fueron enviados a la cárcel de San Pedro.

El plazo de la detención preventiva es de cuatro meses, mientras dure la investigación. Este último aspecto será apelado por la Fiscalía, que pidió que la pena sea de seis meses.

Añez, Coimbra y Guzmán fueron aprehendidos el pasado viernes en Beni y luego trasladados a La Paz. Las tres exautoridades decidieron acogerse al silencio ante la Fiscalía. Su audiencia, realizada vía virtual, duró por más de 10 horas.

Durante su intervención, Añez aseguró que no se irá del país y que no tiene “por qué hacerlo” e insistió en que como expresidenta le corresponde afrontar un juicio de responsabilidades y no un proceso penal.

“Mentían que quería fugarme del país (…). Nunca se me ha pasado por mi mente estar huyendo de mis responsabilidades, ni de mi país. Me tocó y lo asumí. No solo puse en riesgo mi vida sino la de mis hijos. No voy a huir del país porque no tengo por qué”, aseguró Añez.

Asimismo, señaló que asumió la presidencia con la “única misión” de pacificar el país y aseguró que no se la puede tildar  de “golpista”, debido a que durante su gobierno funcionaba la Asamblea Legislativa.

“Como hemos denunciado, el MAS decide y el sistema judicial obedece: me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un "golpe" que nunca ocurrió. Desde aquí llamo a Bolivia a tener fe y esperanza. Un día, entre todos, levantaremos una Bolivia mejor”, señaló Añez, minutos después de conocerse la decisión judicial, a través de su cuenta de Twitter.

La expresidenta del Estado, cabe recordar, acudió a la OEA y la Unión Europea y les pidió puedan desplegar misiones de observación para analizar el proceso instaurado en su contra.

Entretanto, desde el Gobierno afirmaron que se respetó el debido proceso y aseveró que en el caso específico de Añez ésta es juzgada en calidad de exsenadora y no de expresidenta.