La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que decidió fortalecer al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que llegará a Bolivia para investigar los hechos de violencia y violaciones de los derechos humanos que se registraron en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del 2019.

En un inicio, el GIEI estaba compuesto por cuatro personas, pero ayer la CIDH anunció que incorporará un nuevo miembro al equipo de expertos.

“Con el fin de fortalecer las capacidades del GIEI, la CIDH anuncia la incorporación de un quinto integrante, cuya designación será anunciada una vez se produzca. La CIDH reitera su convicción y confianza sobre la idoneidad técnica, la integridad y la imparcialidad de los expertos y expertas designados para integrar el GIEI. Además de los expertos y expertas, el GIEI contará con un equipo técnico propio, en terreno, para el desempeño de sus funciones”, señala el comunicado de ese organismo internacional.

Hasta ahora, el GIEI que trabajará en el país está compuesto por Juan Méndez, exrelator especial de la ONU sobre tortura; Patricia Tappatá, directora del Centro Internacional para la Promoción de DDHH de la Unesco; Marlon Weichert, fiscal federal en Brasil; y Julian Berger, académico y profesor de la Universidad de Essex.

Por otro lado, la CIDH también informó que el 2 de octubre es la fecha tentativa para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) empiece su investigación en Bolivia.

“Durante la reunión mantenida con altas autoridades del Estado boliviano en el marco del 175 Período de Sesiones de la CIDH, realizado entre el 2 y 8 de marzo en Haití, las partes reiteraron la importancia del mecanismo y acordaron seguir avanzando de manera conjunta en la elaboración y aprobación del Protocolo de Actuación del GIEI antes de su instalación, para que tenga lugar con posterioridad a las elecciones, fijándose como fecha tentativa el 2 de octubre de 2020. En dicha reunión se coincidió que el Informe Preliminar de la CIDH, de diciembre de 2019, sobre los sucesos de violencia en Bolivia, no será la base del trabajo de investigación de GIEI”, añade el comunicado de la CIDH.

Asimismo, el organismo internacional recordó el acuerdo establecido entre el Gobierno transitorio boliviano y la propia CIDH.

Por ejemplo, indicó que el GIEI “desarrollará su metodología de trabajo de manera independiente y recurrirá a cualquier fuente de investigación que considere relevante, además de las contrapartes en el Estado y a las organizaciones de la sociedad civil boliviana”.

De la misma manera, enumeró las atribuciones que tendrá durante su estadía en el país, como: elaborar planes de investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en Bolivia, en el curso de las tensiones sociopolíticas, protestas y movilizaciones sociales ocurridas en el país; realizar un análisis técnico de las líneas de investigación desarrolladas; efectuar las recomendaciones a las que haya lugar, y actuar como coadyuvante en las investigaciones, para así asegurar su adecuación, exhaustividad y coherencia con los estándares internacionales de derechos humanos aplicables; proponer la adopción de medidas para garantizar la seguridad de quienes participen en las investigaciones; y realizar un análisis técnico, con recomendaciones si es del caso, de un plan de atención integral a las víctimas de los hechos investigados.

“Para el desarrollo de estas labores, y en virtud del acuerdo, el Estado Plurinacional de Bolivia garantizará a los expertos y expertas el pleno acceso a los expedientes de las investigaciones y causas penales iniciados con motivo de los hechos, el acceso a la información pública gubernamental relativa a los hechos, y el acceso a las instalaciones, infraestructura, recursos y medios necesarios para cumplir su tarea, así como las medidas de seguridad requeridas para desarrollar su trabajo, todo ello de conformidad con la normatividad boliviana vigente”, señala l CIDH.

Finalmente, el organismo ratificó que el trabajo del GIEI se alargará por seis meses a partir de su llegada al país, aunque ese tiempo podrá extenderse por acuerdo de las partes, por el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de su objetivo.

“El Grupo dará a conocer al Estado Plurinacional de Bolivia los resultados parciales y finales de su gestión, y las recomendaciones que se estimen convenientes, y elaborará un informe público final de su trabajo. La CIDH dará seguimiento a los trabajos y las recomendaciones proporcionadas por el GIEI”, añade el documento.

El GIEI de la CIDH investigará los hechos sucedidos en el país entre septiembre y diciembre del 2019, cuando se desataron conflictos sociales y políticos a raíz de una denuncia de fraude electoral en las elecciones anuladas del 20 de octubre de ese año. Producto de esos hechos, el expresidente Evo Morales se vio forzado a renunciar a su cargo y en su lugar asumió la presidencia del país Jeanine Añez, quien era vicepresidenta del Senado.