La tarde de este viernes, representantes del Gobierno, a la cabeza del ministro de Justicia, Álvaro Coímbra; además de representantes del Estado, como el procurador José María Cabrera; se “enfrentaron” a la Defensoría del Pueblo por la situación y vulneración de Derechos Humanos en el país, en el 175 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se desarrolló en Haití.

La audiencia estuvo referida en específico a la “Situación de los derechos humanos en Bolivia” a solicitud de la Defensoría.

En ese sentido, en la audiencia, los representantes del Estado y, en consecuencia, del Gobierno descalificaron el trabajo que viene desarrollando la defensora del pueblo interina, Nadia Cruz, además del delegado defensorial Nelson Cox, a quienes acusaron de tener una inclinación política a favor del Movimiento al Socialismo (MAS).

“Cruz y Cox han desinstitucionalizado la Defensoría del Pueblo. Carecen de credibilidad por su notoria inclinación política”, aseveró uno de los defensores del Estado.

Cruz, por su parte, calificó como “misóginas” los ataques de la representación estatal y aprovechó los 17 minutos que se le otorgó para denunciar la violación de derechos humanos en el país, caracterizados, dijo, en atentados contra el acceso a la justicia y la libertad de expresión.

“La Defensoría del Pueblo afirma que en Bolivia, desde el 20 de octubre de 2019 a la fecha, se ha incumplido la obligación de garantía de los derechos a la vida, integridad personal, igualdad ante la ley, protección judicial y libertad de pensamiento y expresión (…) La vigencia de la Convención Americana se encuentra amenazada por la grave situación de vulneración de derechos humanos, que se ha vivido y que se continúa registrando debido a la sistemática conducta gubernamental”, manifestó.

Relató, asimismo, que los hechos ocurridos desde el 21 de octubre del año pasado – un día después de las elecciones anuladas por presunto fraude- dejaron 35 muertes y 833 personas heridas y cuestiona la inacción del Ministerio de Justicia del actual Gobierno sobre esos temas.

Asimismo, cuestionó el Decreto emitido en noviembre pasado que deslindaba de responsabilidad penal a militares, haciendo especial énfasis en los operativos en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba).

“La Defensoría del Pueblo solicita a la Comisión que inste al gobierno a responder ¿Por qué a la fecha no existe la identificación de los responsables de las masacres de Senkata, Sacaba y Pedregal?”, cuestionó Cruz.

Finalmente, la Defensora del Pueblo también cuestionó la “persecución” a exautoridades de Gobierno y pidió a que el Estado responda si “¿Toda ideología diferente al actual gobierno será considerada como la comisión del delito de sedición?, y si ¿el órgano ejecutivo puede establecer límites a la libertad de expresión?”.

En su respuesta, la defensa del Estado, primero a través del procurador, cuestionó que la Defensoría en su alocución introdujo temas no tocados en su denuncia.

Asimismo, hizo notar que Cruz obvió algunos casos de matanzas, como los ocurridos en Montero en el mes octubre durante el anterior Gobierno de Evo Morales, y la acusó de buscar “abusar del sistema de protección de Derechos Humanos” y dar información errónea respecto a la actual situación del país.

Asimismo, ratificó que ahora, con el Gobierno transitorio, la Justicia se encuentra en una labor para recuperar la confianza de la población y se recordó que para ese fin la presidenta Jeanine Añez anunció el aumento de recursos destinados a al poder judicial en el país.

Además, recordó que aprobó un Decreto Supremo que establece una "ayuda solidaria" de un alto monto económico a los familiares de las víctimas fatales en Senkata y que se busca la misma aproximación en Sacaba.

En esa línea, el Estado también ratificó su compromiso con las víctimas de Senkata y Sacaba y su apertura a que la propia CIDH realice una investigación sobre los hechos ocurridos entre octubre y noviembre del 2019.

Finalmente, la defensa estatal también cuestionó el accionar de la CIDH en el pasado. En específico, criticó que ese organismo haya brindado medidas cautelares tanto a Nadia Cruz como a Nelson Cox pero nunca hayan dado una respuesta a los pedidos de la nación Qhara Qhara que, dicho sea de paso, también tuvo su audiencia la tarde del viernes.

No obstante, señaló la defensa señaló que el Estado cumplió con las medidas cautelares, de acuerdo a su normativa, y señaló que no se puede hablar de amedentramiento cuando "los señalados procesos responden a suspuestos actos que se encuentran tipificados en la normativa penal".

"El estado observa que las publicaciones realizadas en redes sociales en contra del trabajo de la Defensora internina no responden al trabajo de ninguna institución pública o agencia estatal", acotó y resaltó que, al momento, la Defensoría del Puyeblo en la actualidad desarrolla su trabajo con normalidad.