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El edificio del Mall Gran Vía, en la zona Vita, ardió en llamas por más de dos horas. El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, anunció que se investigará las causas del incendio y se sancionará a los responsables.

“El poder político del gobernador (Luis Fernando Camacho) y del Comité pro Santa Cruz (liderado por Rómulo Calvo) están en una fase descendente”, aseguró el vocero presidencial, Jorge Richter.

Según reporte de la Alcaldía, el cuerpo de Bomberos Antofagasta intenta controlar el fuego y la Comuna envió tres cisternas para coadyuvar en las tareas de mitigación.

La secretaria municipal de Planificación, María del Carmen, que participó de la reunión del Comité Interinstitucional, anunció que el alcalde Iván Arias confirmó su asistencia a la reunión con el presidente Luis Arce el miércoles 27 de julio, cuando arribarán a la ciudad sede de gobierno los alcaldes de las capitales de departamento y de El Alto.

A la cabeza de la Gobernación, Santa Cruz acató un paro para que el censo se postergue hasta el 2023 y no hasta el 2024 como definió el Gobierno Central y el Consejo Nacional de autonomías, en una reunión en la que la única autoridad departamental ausente fue, precisamente, el gobernador de Santa Cruz Camacho.

“El reporte que tenemos el día de hoy es que el 90% de los municipios de Santa Cruz no han acatado el paro y que hay cinco o seis municipios que, de manera expresa, habrían manifestado la aceptación de esto”, informó el director de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Rodrigo Puerta.

El pasado 13 de julio, la adulta mayor fue desalojada de su vivienda que adquirió hace 50 años. Ahora duerme en la calle, en una carpa prestada.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, exigió a quienes obstaculizan el paso de vehículos, entre ellos camiones con basura al relleno sanitario de Sak’a Churo, que no pongan en riesgo la salud de los paceños.

“Somos la región más grande y más fuerte porque sabemos luchar por nuestros derechos. Si otros ceden, Santa Cruz nunca. ¡Aquí con mi pueblo otra vez, defendiendo el Censo porque es un derecho y el camino al desarrollo!”, señaló Camacho a través de su cuenta de Twitter.

Las contrataciones irregulares, en su mayoría de administrativos, habrían generado un daño económico de Bs 11 millones al Estado.