La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró el 161 periodo de audiencias públicas en Washington, a la que convocó de oficio al gobierno argentino, y le expresó una "fundada preocupación" por el decreto migratorio firmado por el presidente Mauricio Macri. Las autoridades argentinas rechazaron que el decreto tenga intenciones "xenofóbicas" y aseguró que su país tiene las  "puertas abiertas" a los extranjeros.

La CIDH celebró audiencias con casos de 16 países y sobre temas regionales: Argentina tuvo tres audiencias, la primera sobre la "criminalización de la protesta en Jujuy", los cambios normativos en materia migratoria y el Programa de Justicia 2020.

Durante la audiencia, el presidente del organismo, Francisco Eguiguren, advirtió que existe "fundada preocupación" por el hecho de que este tipo de medidas escondan una intención de culpar a migrantes por el "aumento del delito".

El director nacional de Migraciones, Horacio García, argumentó que el decreto agiliza los plazos para la expulsión de inmigrantes que cometen delitos, argumentó que se requieren tiempos "razonables" debido a que antes "el trámite duraba entre 8 y 10 años".

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo que "no se trata de perseguir migrantes" y que "la nacionalidad de quien delinque no" interesa en el proceso que se inicia, sino "la aplicación del Estado de derecho".

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Las organizaciones Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Instituto Argentino para la igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI), Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba y Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina estuvieron presentes en la audiencia  y pidieron la "anulación" del decreto porque fomenta la xenofobia, la intolerancia y el "racismo institucional".

Las organizaciones denunciaron que el decreto prevé "medidas regresivas en materia de política migratoria", advirtieron que no se garantizan los derechos de quienes llegan al país y que ahora cualquier "extranjero detenido" corre riesgo de ser deportado.

"Nos utilizan para resolver el problema de la inseguridad. Somos el 4,5% de la población del país; es ofensivo y humillante que nos atribuyan responsabilidad por la delincuencia", dijo Marta Guerreño, de la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba (UCIC).