La organización no gubernamental (ONG) Global Witness publicó el informe “En terreno peligroso” sobre la situación de los defensores del medio ambiente, en el que asegura que 185 personas fueron asesinadas por defender la Tierra el 2015.

“En 2015, más de tres personas a la semana murieron asesinadas por defender su tierra, sus bosques y sus ríos frente a industrias destructivas”, afirma el documento. Se trata de la cifra anual de víctimas mortales más alta jamás registrada, un aumento del 59% respecto a 2014.

El año pasado, los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente fueron Brasil, con 50 muertes, y Filipinas, con 33; Colombia 26 muertes, Perú 12, Nicaragua 12 y la República Democrática del Congo 11.

COMUNIDADES INDÍGENAS

Casi un 40 por ciento de las víctimas de 2015 pertenecía a organizaciones indígenas. “Cada vez es más común que las comunidades que toman cartas en el asunto se encuentren en el punto de mira de la seguridad privada de las empresas, las fuerzas estatales y un mercado floreciente de asesinos a sueldo”, dice el encargado de campañas de Global Witness, Billy Kyte, en un comunicado.

Global Witness hace énfasis en la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, “cuyos débiles derechos sobre la tierra y aislamiento geográfico los convierten en el objetivo habitual del acaparamiento de tierras y recursos”.

BRASIL

Entre las principales causas de los crímenes figuran la lucha contra proyectos mineros (en 42 casos), de la agroindustria (20), la tala (15) y los proyectos hidroeléctricos (15).

En Brasil, “la lucha para salvar la Amazonía cada vez está convirtiéndose más en una lucha contra bandas de delincuentes que atemorizan a las poblaciones locales a instancias de las empresas madereras y los funcionarios a los que han corrompido”, dice el informe.

SUGERENCIAS

Global Witness pide a los gobiernos de los países afectados a “aumentar la protección de los activistas de la tierra y el medio ambiente que están en peligro de sufrir actos de violencia, intimidación o amenazas”.

También recomienda “investigar los delitos, incluyendo a sus ‘cerebros’ corporativos y políticos aparte de a los asesinos, y llevar a los autores ante la justicia”.