A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades de Gobierno a “avanzar en la reparación integral y el acceso a la justicia” para las víctimas de las “masacres” del 2019.
En el texto, la Defensoría señala que hace seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Bolivia) y alerta respecto a “tres asuntos pendientes de atención estatal”.
Primero, alerta respecto a la demora en la reglamentación de la Ley N.º 1686, que establece el marco legal de reparación integral para las víctimas de los hechos del 2019.
La Defensoría, en ese sentido, señala que interpuso una acción de cumplimiento que derivó en la Resolución Constitucional N.º 237/2026, “que dispone concluir la revisión técnica del proyecto y remitirlo al Consejo de Ministros, garantizando la participación de las víctimas y la sociedad civil”.
“Pese a las gestiones realizadas y al traslado de competencias al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos, la reglamentación continúa pendiente, por lo que no se han hecho efectivas las medidas de indemnización, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición”, alerta la Defensoría.
En segundo lugar, la institución defensorial aseguró que realiza seguimiento a los procesos penales de Senkata y Sacaba-Huayllani mediante requerimientos de información y gestiones ante la Fiscalía General del Estado, incluyendo solicitudes de evaluación de las actuaciones fiscales.
“Asimismo, comunicó sobre la situación procesal a la CIDH y a ONU Derechos Humanos. Corresponde al Ministerio Público y a las instancias judiciales garantizar la debida diligencia, los plazos razonables y el respeto al debido proceso”, señala el texto.
Finalmente, la Defensoría informó que recibió 15 denuncias por desvinculación de personas víctimas de entidades públicas, pese a que su inserción laboral había sido reportada en el marco de los Decretos Supremos N.º 4100 y N.º 4176.
Ante ello, señaló, solicitó al Viceministerio competente gestionar medidas de restitución laboral y alternativas de capacitación, certificación de competencias y generación de ingresos.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo exhortó al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos a concluir la reglamentación participativa de la Ley N.º 1686 y coordinar su implementación; a la Fiscalía General del Estado, a garantizar la debida diligencia en los casos Senkata y Sacaba; y a las entidades públicas involucradas, a atender las denuncias laborales y promover medidas de restitución de derechos.
“La Defensoría del Pueblo continuará realizando seguimiento a estas obligaciones estatales y adoptará las determinaciones que correspondan, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales. En la conmemoración de los hechos de Senkata, expresa su solidaridad con las familias de las víctimas y reafirma la importancia de avanzar en la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición”, añade el comunicado.
De acuerdo con los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, las masacres de 2019 en Bolivia se refieren a los operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ocurridos en noviembre de ese año en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto, La Paz), en medio de la crisis política y social posterior a las elecciones generales. Durante estas intervenciones —realizadas el 15 y el 19 de noviembre tras la promulgación del Decreto Supremo 4078 por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez—, el uso de fuerza letal contra manifestantes civiles dejó al menos 21 personas fallecidas y más de un centenar de heridas, según los registros de dichos organismos.
Mientras que las autoridades de la gestión transitoria sostuvieron en su momento que las operaciones buscaban resguardar la seguridad pública y plantas estratégicas de combustible, tanto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) como entidades de derechos humanos calificaron los hechos como graves violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales, manteniendo hasta la actualidad el reclamo por verdad, justicia y reparación para las víctimas.