Desde su autoexilio y a través de sus cuentas en las redes sociales, el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, negó un presunto cohecho, de parte suyo o de sus familiares, a favor de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) en un proceso penal que seguía contra la empresa Tigo.
En su escrito, Saucedo señala que la prueba más contundente sobre la inexistencia del presunto cohecho es que el fallo salió en contra de los intereses de la FBF.
“Niego categóricamente que mi persona, mi hermana o algún familiar mío, haya sido autor o cómplice de un supuesto COHECHO de la FBF en el proceso contra TIGO. La prueba más contundente es esta: a la FBF NO se le concedió la tutela que solicitaba en la Acción de Amparo Constitucional resuelta por una Sala Constitucional en Santa Cruz. Si hubiera existido algún favor, algún acuerdo o alguna presión, el resultado hubiera sido otro. La justicia habló y dio la razón con los hechos, a quien en ese momento se consideró se debía dar (TIGO). Jamás tuve injerencia alguna” (sic), afirmó.
En ese sentido, Saucedo también negó haber mantenido más que una relación institucional con el presidente de la FBF, Fernando Costa.
“Jamás tuve con el Presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, una relación que vaya más allá de lo estrictamente institucional y de la pasión que todos compartimos por nuestra Selección” (sic), señaló.
Saucedo, en ese sentido, aseveró que “no es correcto, ni justo, que se pretenda mancillar el honor de personas inocentes y, peor aún, de instituciones que nada tienen que ver con lo que hoy pretenden acusarnos”.
“Con esta absurda denuncia sin lógica o indicio alguno se ha iniciado una brutal persecución contra mi hermana y otros familiares con la única finalidad de amedrentarme, además de pretender dañar la reputación de otras personas. No voy a permitir que se use mi nombre ni el de mi familia para construir relatos falsos contra nadie”, cerró.
A inicios de mes, Romer Saucedo anunció que decidió exiliarse y se fue del país horas después de que el Ministerio Público ordene su aprehensión acusado por los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. Días después se la acusó de ser el dueño de las 32 maletas, que contenían marihuana adulterada, y que entraron irregular al país desde Estados Unidos a finales del 2025.