El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, expresó su rechazo a la intención del Gobierno de ampliar el Estado de Excepción por 90 días y anticipo que se convocará a un ampliado nacional para analizar los avances de las mesas de trabajo que instaló con el Ejecutivo tras los 53 días de bloqueos que afectaron al país entre mayo y junio de este año.
En conferencia de prensa, Argollo señaló que no hay sustento legal para ampliar la medida, que inicialmente concluye esta semana.
“No existe justificativo legal para prolongar el Estado de Excepción”, afirmó Argollo, quien advirtió que ampliar esa medida será algo “negativo” para el presidente Rodrigo Paz dado que “hay sectores sociales que han manifestado su descontento” con esa posibilidad.
En ese sentido, Argollo también criticó que la justificación del Gobierno para los problemas que atraviesa el país se reduzcan a los bloqueos de los 53 días y demandó a las autoridades resolver la crisis del Estado.
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“Han atribuido la crisis del combustible a los 53 días que ha estado movilizado el país. Luego de los 53 días han seguido las filas de combustible, no se está solucionando. El pueblo no está loco”, afirmó.
Demandó al Gobierno “dar soluciones a los problemas que aquejan al país” y recalcó que la dirigencia de la COB solo es “portavoz de las bases”.
El Estado de Excepción está vigente en Bolivia desde el 20 junio pasado – tras la promulgación de la Ley 1740 que regula ese tipo de medidas y la emisión del Decreto 5636- e inicialmente tenía una vigencia de 90 días; sin embargo, el Decreto 5707 establece su ampliación por otros tres meses a partir del vencimiento del primer plazo.
El Decreto 5707, en ese sentido, dispone su remisión a la Asamblea Legislativa para la autorización prevista en el artículo 10.II de la Ley 1740 y, mientras tanto, mantiene vigentes las medidas del D.S. 5636 invocando el artículo 13 de la misma norma.
En ese sentido, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que la ALP tendría 72 horas para tratar el Decreto. De rechazarlo, dijo, se levantaría el Estado de Excepción en el país, pero en caso de no tratarlo pasaría a ser objeto de un análisis constitucional para su aplicación.