El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, diputado Juan Del Granado, afirmó en las últimas horas que no ve razones para ampliar el Estado de Excepción, como pide el Gobierno de Rodrigo Paz.
“Yo no veo ninguna conmoción interna. No hay ninguna razón para la prolongación del estado de excepción”, señaló Del Granado en un primer contacto con Erbol.
El también exalcalde de La Paz, en ese sentido, afirmó que la Asamblea Legislativa deberá analizar cuidadosamente el Decreto remitido por el Gobierno para ampliar por 90 días el Estado de Excepción, medida que inicialmente terminaría esta semana.
“Vamos a estar pendientes de ese informe. No puede ampliarse el Estado de Excepción si no es a partir de un informe del tiempo transcurrido bajo el Estado de Excepción para ver si hay razones fundamentadas que ameriten su ampliación”, afirmó en oro contacto con la prensa, reportó Visión 360.
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Del Granado, en ese sentido, anticipó su rechazo a ampliar el Estado de Excepción, dado que es una medida extraordinaria que implica restricciones a derechos y libertades constitucionales.
Yo les anticipo mi criterio. No estaría de acuerdo con una ampliación del Estado de Excepción. No me parece conveniente”, sostuvo.
El Estado de Excepción está vigente en Bolivia desde el 20 junio pasado – tras la promulgación de la Ley 1740 que regula ese tipo de medidas y la emisión del Decreto 5636- e inicialmente tenía una vigencia de 90 días; sin embargo, el Decreto 5707 establece su ampliación por otros tres meses a partir del vencimiento del primer plazo.
El Decreto 5707, en ese sentido, dispone su remisión a la Asamblea Legislativa para la autorización prevista en el artículo 10.II de la Ley 1740 y, mientras tanto, mantiene vigentes las medidas del D.S. 5636 invocando el artículo 13 de la misma norma.
En ese sentido, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que la ALP tendría 72 horas para tratar el Decreto. De rechazarlo, dijo, se levantaría el Estado de Excepción en el país, pero en caso de no tratarlo pasaría a ser objeto de un análisis constitucional para su aplicación.