A través de un comunicado, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su desacuerdo con la posibilidad de que el Gobierno decrete el diferimiento en el pago de los servicios básicos y pidió a las autoridades tener “equilibrio, responsabilidad y sostenibilidad” en sus decisiones.
En el texto, los empresarios afirmen reconocer el daño que produjo los más de 50 días de bloqueos que vivió el país – y particularmente el departamento de La Paz- entre mayo y junio de este año y que es necesario la adopción de “medidas extraordinarias para aliviar la situación de las familias más afectadas”.
Sin embargo, exige que las medidas sean diseñadas “bajo criterios de equilibrio, responsabilidad y sostenibilidad para evitar que su implementación precarice aún más la situación de las empresas”.
En ese sentido, la CEPB alerta que “cualquier decisión política que limite el flujo financiero de las empresas y disminuya su capacidad operativa va a poner en riesgo la calidad y continuidad de los servicios que recibe la población, afectando a las regiones y a la economía, y generando más problemas de los que pretenda resolver”, ya que, señala, es el sector privado el responsable de “mantener las fuentes de trabajo, aportar con recursos al Estado y garantizar la provisión constante de bienes y servicios”.
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Asimismo, los empresarios afirman que respetan la prerrogativa del gobierno nacional de decidir la política económica y las acciones para enfrentar la crisis; sin embargo insisten en que la actual situación del país “demanda decisiones coordinadas, técnicamente sustentadas y consensuadas, que tomen en cuenta a todos los sectores y regiones, sin exclusiones ni privilegios, evitando medidas dispersas que alivien a unos en detrimento de otros”.
Finalmente, la CEPB reafirmó su compromiso con la recuperación económica del país y expresó su respaldo “a todas las iniciativas orientadas a proteger a la población, preservar el empleo y restablecer el crecimiento”.
“Reiteramos nuestra plena disposición para participar, de manera responsable y propositiva, en los espacios de diálogo que permitan construir soluciones equilibradas, sostenibles y de largo plazo, convencidos de que la cooperación entre el Estado, el sector privado y la sociedad constituye la mejor garantía para superar la crisis y recuperar la confianza en el futuro del país”, cierra el comunicado.
La semana pasada, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, informó que el Gobierno analiza la posibilidad de diferir el pago de servicios básicos, como la electricidad y el agua, como parte de las medidas para aliviar el impacto de los más de 50 días de bloqueo.
El ministro reveló esta iniciativa a tiempo de negar que el Gobierno pretenda subir las tarifas de la electricidad.
La CNC también rechaza la propuesta
En esa misma línea, a través de otro comunicado, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) también expresó su rechazo a la posibilidad de que el Gobierno apruebe un decreto que obligue a las empresas privadas a diferir el cobro de sus servicios y prohíba los cortes por falta de pago, al considerar que una medida de este tipo trasladaría al sector privado el costo de una crisis económica que no generó.
En un pronunciamiento, la entidad advirtió que imponer un diferimiento obligatorio afectaría el flujo de caja de las empresas, comprometería la continuidad de los servicios y pondría en riesgo miles de fuentes de empleo en un contexto en el que el aparato productivo aún enfrenta las consecuencias de los recientes conflictos sociales.
La organización enfatizó que las políticas de protección social corresponden al Estado y consideró que no deberían financiarse mediante cargas adicionales para el sector privado. Al que identificó como uno de los principales generadores de empleo, inversión y actividad económica.