Con la mediación de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación y el Viceministerio de Autonomías acordaron con el Magisterio Rural suspender el anteproyecto de Ley que busca transferir la administración de los institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones.
El acuerdo de cuatro puntos contempla, en su primer punto, la suspensión del anteproyecto “y la realización de una evaluación integral y participativa, mediante mesas técnicas regionales que definirán una propuesta de nuevo modelo de gestión”, informó la Defensoría del Pueblo
Asimismo, el Gobierno ratificó el carácter único, fiscal y gratuito de la educación, el respeto al escalafón docente y el fortalecimiento de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros, descartando su transferencia a las universidades.
El acuerdo fue firmado con el Magisterio Rural, pero no así con el Magisterio Urbano, sector que cumple una semana de huelga de hambre, con más de una decena de piquetes, marchas y hasta crucifixiones en rechazo de la privatización de la educación.
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Además, el Magisterio Urbano cumplió un paro de 48 horas, el lunes y martes, en defensa de la “educación fiscal y gratuita” y en la víspera protagonizaron un mitin en cercanías del Ministerio de Educación exigiendo también la renuncia del ministro del área, Erick Sanjinés.