Hoy, las personas con discapacidad iniciaron la marcha hacia la sede gobierno en demanda del bono mensual de 500 bolivianos que exigen al Gobierno, según los representantes de este sector, este monto económico les permitirá solventar los gastos de sus tratamientos médicos, ya que, aseguran, que llega a costar entre 300 y 800 bolivianos, por semana.

Jorge Flores, el representante de La Paz, relató a Oxígeno.bo, que sus compañeros de Cochabamba, Sucre, Beni, Pando y Tarija ya iniciaron la caravana hacia La Paz. Según señaló la mayoría de los afiliados sufren de discapacidad grave y moderada, pero continuarán “en la lucha, porque prefieren morir en la marcha que en sus casas por falta de medicamentos”, aseveró.

Asimismo, aclaró que  la marcha de las personas con discapacidad tardará en llegará a la urbe paceña entre 10 y 12 días,  y los de Potosí junto a La Paz se unirán a las protestas en Caracollo.

“Son más de 150 personas, pero una vez que nos reunamos seremos más de 500 personas que unidos pediremos al Gobierno el bono de 500 bolivianos”, indicó.

Flores lamentó que el Estado no los haya convocado al diálogo y sólo se siente a escuchar a los “falsos” dirigentes que no los representan.

“No existe una respuesta a nuestras peticiones y por eso empezamos este lunes una marcha hasta Cochabamba, desde La Paz viajaron cinco representantes. Los demás estamos minusválidos, pero no impedirá que nos “arrastremos” hasta Caracollo”.

EN EMERGENCIA

El dirigente resaltó que en las próximas horas llegarán los afiliados de las 20 provincias de la ciudad a masificar la protesta. “Estamos en emergencia y los compañeros están llegando”.

Una vez en la sede de gobierno, el sector pedirá una audiencia con el presidente Evo Morales para hacerle conocer su pliego petitorio, en el que remarcan tres puntos: el primero; el bono mensual, consideran justo y necesario que se les otorgue el bono económico para costear sus tratamientos médicos y apoyar a sus familias; el segundo, la clasificación de las discapacidades, ya que señalan que en 2015 muchas personas no pudieron cobrar sus rentas porque se los eliminó de las listas o les cambiaron de grado de discapacidad; tercero, la carnetización indefinida, sostiene que el proceso es burocrático y de difícil acceso.