El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, dio a conocer su informe del primer año de gestión y, sin mencionar el caso de la gasolina basura que afectó a miles de automóviles a nivel nacional, afirmó que se logró reconstruir el sector energético nacional con “logros de orden, austeridad y apertura de inversiones”.
La autoridad recordó que, en noviembre de 2025, el país atravesaba una profunda crisis marcada por filas para combustibles, caída de la producción de gas natural —que descendió desde un pico histórico de 59 millones de metros cúbicos diarios— y un sistema de subvenciones insostenible que asfixiaba las arcas públicas.
En ese sentido, de acuerdo con el informe ministerial, las primeras acciones se centraron en transparentar la administración y combatir la corrupción heredada. Recordó que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías denunció ante el Viceministerio de Transparencia graves negligencias y casos de despilfarro, como la lujosa Casa Ejecutiva de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB) en Santa Cruz y adjudicaciones directas por más de mil millones de dólares en termoeléctricas de ENDE y YLB.
En respuesta, el Ejecutivo ordenó la intervención temporal por 180 días de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), mediante los decretos supremos 5699 y 5697, además de iniciar la reestructuración de las empresas estatales del sector con consultorías internacionales.
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Blanco, por otro lado, defendió que para sanear la economía sectorial y frenar el contrabando, el Gobierno levantó la subvención a los combustibles mediante los decretos supremos 5503 y 5516. “Esta medida permitió incentivar la producción local y generar mayores ingresos para el Tesoro General de la Nación (TGN), las gobernaciones y las regiones a través de regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)”, señaló.
Paralelamente, destacó, “se puso fin al monopolio y la anarquía en el abastecimiento al habilitar la importación privada, la compra directa de crudo para las refinerías y el libre acceso al almacenaje mediante los decretos supremos 5517 y 5644, manteniendo intacta la propiedad estatal de las empresas estratégicas”.
En el plano de la disciplina fiscal, dijo Blanco, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías aplicó un plan de austeridad institucional reestructurando su escala salarial, lo que logró reducir el importe total de la planilla en un 20 % y el gasto corriente en cerca del 10 %. No obstante, la autoridad remarcó que el orden financiero se acompañó de medidas de protección social, destacando la aprobación del Decreto Supremo 5750 para amortiguar el impacto cambiario y estabilizar las tarifas eléctricas en beneficio de la economía popular.
Asimismo, el balance resalta el impulso a la justicia social mediante la aceleración de los programas de electrificación rural PERT III, IDTR III y PEIE.
“El desbloqueo y conclusión de estos proyectos estratégicos permite llevar energía eléctrica por primera vez a diversas comunidades rurales, mejorando las condiciones de estudio y la conservación de insumos en postas médicas”, destacó.
En el ámbito normativo y de diversificación energética, la cartera de Estado informó que el proyecto de Ley del Litio registra más del 90 % de avance consensuado en seis territorios de Potosí y Oruro. Además, señaló, se reguló el biogás y el biometano, se elaboró una propuesta de Ley de Hidrocarburos con un régimen tributario competitivo, y se remitieron a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley de Fomento a las Energías Verdes y de Electricidad y Energías Renovables, este último orientado a establecer un mercado abierto y un sistema tarifario equitativo.
A nivel internacional, el Ministro afirmó que Bolivia consolidó su apertura a las inversiones y la integración energética regional mediante la firma de acuerdos de interconexión eléctrica con Brasil y Chile, así como avances en negociaciones similares con Paraguay y Perú.
Finalmente, de cara al segundo año de mandato, el Ministerio proyectó consolidar el abastecimiento pleno de combustibles en los nueve departamentos y concluir obras clave como las hidroeléctricas Ivirizu (Cochabamba) y Miguillas (La Paz), junto al parque eólico de Warnes (Santa Cruz). La agenda de transición energética también contempla la subasta de 300 megavatios (MW) en energía solar y el desarrollo de 100 MW en generación distribuida, reafirmando el compromiso estatal de transformar el sector en el motor del desarrollo nacional.