A través de una carta, el exmandatario del Estado, Luis Arce, solicitó al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aplicar su circular 01/026 sobre la detención preventiva, con el objetivo de salir de la cárcel de San pedro, donde cumple detención preventiva desde hace más de seis meses.
La Circular N° 01/2026 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, emitida el 28 de mayo de 2026, ordena a todos los jueces y tribunales penales del país aplicar la detención preventiva solo de forma excepcional y revisar de oficio, de manera inmediata, los casos con plazos ya vencidos. Esta medida, según se explicó, tiene como propósito principal mitigar el hacinamiento carcelario y frenar el uso excesivo o arbitrario de las detenciones preventivas sin sentencia.
En ese sentido, Arce pide que su caso sea revisado con base a la mencionada circular, dado que el primer plazo de su detención preventiva (6 meses) ya feneció, aunque luego un tribunal decidió ampliarlo por otros 5 meses.
“Por lo expuesto, agradeceré a usted disponer las acciones que correspondan para que mi situación sea revisada por la Unidad de Transparencia, en coherencia con la Circular N° 01/2026 y con los compromisos que asumió ante el país, de modo que se imparta verdadera justicia”, señala la misiva enviada por Arce al Presidente del TSJ.
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En la carta, el expresidente del Estado recuerda y demanda a Saucedo cumplir las palabras que emitió cuando asumió la presidencia del TSJ, sobre todo las referidas a “transformar la justicia, a impedir que continúe al servicio del poder político y a construir una justicia independiente, tan necesaria para todas y todos los bolivianos”.
“Como es de su conocimiento, me encuentro privado de libertad por el denominado caso Fondo Indígena, cuyos hechos se remontan al año 2009; sostengo que mi aprehensión y posterior detención carecieron de sustento legal, y que la medida cautelar que hoy soporto se mantiene de manera injusta”, señala Arce.
El expresidente, asimismo, relata que durante su detención conoció la situación de muchos privados de libertad que denuncian que muchos administradores de justicia no cumplen con sus roles constitucionales y pide sanciones para todos ellos.
Luego habla específicamente sobre su situación y advierte que existe una “instrumentalización del aparato de justicia por parte del Órgano Ejecutivo, que prolonga mi detención preventiva sin fundamento objetivo y por instrucción política”.
“Ello contradice de manera directa los lineamientos que su propia autoridad impartió mediante la Circular N° 01/2026 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de 28 de mayo de 2026, sobre el carácter de la medida de la detención preventiva”, señala.
Según Arce, el caso de su detención preventiva “reúne los supuestos que la Circular busca corregir”: “Una detención preventiva sostenida sobre afirmaciones abstractas de peligro de fuga, pese a que no he eludido ni eludiré la acción de la justicia, ni he abandonado ni abandonaré el país, y a que existen medidas sustitutivas e instrumentos de control telemático plenamente idóneos para garantizar mi presencia en el proceso. Su mantenimiento desconoce, además, la presunción de inocencia que me ampara (Art. 116.1 de la Constitución Politica del Estado y Art. 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), la independencia e imparcialidad que la Constitución exige a la función judicial (Art. 178.1 de la Constitución Politica del Estado) y el carácter excepcional y proporcional de la detención preventiva (Arts. 7 y 233 del Código de Procedimiento Penal, y causales de cesación del art. 239 del mismo cuerpo legal)” (sic).
Asimismo, le recuerda al Presidente del TSJ que “soy un hombre público: profesor titular de la Carrera de Economia de la Universidad Mayor de San Andrés y ex Ministro de Economía y Finanzas Públicas, cargo que deje en junio de 2017 para someterme a un tratamiento médico ancológico”.
Denuncia, además, que su detención vulnera también sus “derechos constitucionales al trabajo (Art. 46) y a la salud (Art. 18 de la Constitución Política del Estado)”.
“No pretendo favor alguno ni trato preferente; solicito, con la firmeza que da la razón, que se cumpla la ley y se respeten mis derechos. No le pido que crea en mi inocencia: le pido objetividad, proporcionalidad y estricta aplicación de la ley en mi causa, en los mismos términos que su Sala Plena ha instruido a las autoridades jurisdiccionales del país. Mi situación exige, asimismo, que se garantice mi derecho al trabajo y mi acceso oportuno a atención médica especializada, conforme a mi estado de salud”, añade.
El pasado 3 de junio, el Juzgado Cautelar 1 de Lucha Contra la Corrupción y Violencia Contra La Mujer determinó ampliar por cinco meses la detención preventiva del expresidente Luis Arce por el ‘caso Fondo Indígena’.
Según se justificó, la decisión de ampliar la detención preventiva del exmandatario fue tomada para «garantizar la presencia del investigado mientras concluyen las pericias técnicas y las auditorías especiales asignadas al caso del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc)».
Arce cumple detención preventiva en la cárcel de San Pedro investigado por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, en relación con su participación en el directorio del Fondo Indígena.