Christian Rojas
19/05/2014 - 22:45

Diputados sanciona ley que prohíbe explotar minerales sin aval del Estado

“Hemos aprobado las modificaciones del senado en la Cámara de Diputados respetamos los acuerdos (entre cooperativistas y el Gobierno), pero no compartimos; hay algunas observaciones que deben modificarse en algunos  artículos. Espero que a futuro se saque una ley modificatoria”, dijo el diputado del MAS, Jaime Medrano.

Pleno de la Cámara de Diputados

La Paz, 19 de mayo (Oxígeno).- La Cámara de Diputados sancionó la noche de este lunes la Ley de Minería y Metalurgia aprobada con modificaciones en senadores y consensuada entre cooperativistas y el Órgano Ejecutivo. La norma obliga a que los contratos mineros con empresas privadas cuenten con el aval del Estado para la explotación de minerales.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y secretario del Comité de Minería y Metalurgia, Jaime Medrano, explicó el debate en el pleno respetó las modificaciones hechas por la Cámara Alta en el marco de la Constitución.

“Sí, hemos aprobado las modificaciones del Senado en la Cámara de Diputados, respetamos los acuerdos (entre cooperativistas y el Gobierno), pero no compartimos; hay algunas observaciones que deben modificarse en algunos  artículos. Espero que a futuro se saque una ley modificatoria”, manifestó.

La norma modificada respeta los derechos preconstituidos de las concesiones mineras que se adecuaron a las Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE`s), medida establecida en el Decreto Supremo 726 de diciembre de 2010.

La ley establece además que 1.500 nuevos contratos mineros deben ser revisados y aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Al respecto, el presidente de la Comisión de Economía Plural, el diputado José Antonio Yucra, explicó que esas concesiones que fueron adecuadas deberán migrar a Contratos Administrativos Mineros con aprobación de la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM).

De acuerdo a la normativa sancionada, la Asamblea Legislativa en el plazo de noventa días, deberá pronunciarse sobre el contrato administrativo minero, aprobando o no. “En caso de no aprobar se lo devolverá al Órgano Ejecutivo para su corrección”, cita parte de la norma.

Un Artículo debatido y que dificultó la aprobación de la norma en días anteriores fue el 151 que prohíbe a las cooperativas mineras suscribir contratos con empresas privadas. Pese al descontento de mineros , el Gobierno logró llegar a un acuerdo con  el sector. 

“Las cooperativas mineras no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas sean éstas nacionales o extranjeras”, dice el Artículo sancionado.

Su parágrafo II determina: “En caso de avenirse a lo dispuesto en el Artículo 306 y el Parágrafo III del Artículo 351 de la Constitución Política del Estado, podrán constituir empresas mixtas con el Estado a través de COMIBOL, a cuyo efecto adecuarán su razón social, sujetándose a la normativa que rige para las empresas mixtas”.

Uso del agua

Asimismo, la norma aprobada en diputados, instituye que los operadores mineros podrán hacer uso de las aguas, siempre y cuando éstas no sean de uso para el consumo humano, riego o sean parte del medio ambiente.

El artículo 111, de la norma dice: “Los titulares de derechos mineros tendrán el derecho de aprovechamiento de aguas naturales que discurren en el área minera y aguas alumbradas de interior mina o en superficie, previa autorización de la autoridad competente de agua” y es complementada con el artículo 112 que establece que: Cuando un titular de derecho minero no cuente con recursos hídricos en el área de derecho minero o éstos fueren insuficientes, podrá presentar una solicitud de aprovechamiento de agua a la autoridad competente, esta solicitud y su respectiva autorización no deberán perjudicar los derechos de uso de terceros y de los sistemas de vida de la Madre Tierra, en el marco de lo que establece la normativa vigente”.

Este lunes los cooperativistas mineros advirtieron con iniciar una vigilia si es que la Cámara Baja,   no aprobaba la Ley minera con los acuerdos entablados con el Ejecutivo.

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