La Paz, 19 de mayo (Oxígeno).- Pese al pedido de la Federación de Cooperativistas Mineros (Fencomin) de suspender el tratamiento de la Ley de Minería, este lunes, la Cámara de Diputados ratificó que sólo tomará en cuenta las modificaciones hechas en Senado y no así los acuerdos entre el sector y el Gobierno.

En entrevista con el periódico digital Oxígeno.bo, Jaime Medrano, secretario del Comité de Minería y Metalurgia de la Cámara Baja, aseguró que el acuerdo entre el sector con  el Órgano Ejecutivo no puede vulnerar el reglamento interno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), ni tampoco la Constitución Política del Estado (CPE).

“Hoy sí o sí tratamos en plenaria la Ley Minera con las modificaciones emitidas por Senado (…), pero querer imponernos una aprobación directa por el sector cooperativo no es  viable, es inconstitucional, (las) normativas de la ALP no pueden romperse con un acuerdo firmado entre partes porque eso significaría hacer una modificación a la Constitución”, afirmó.

Albino García, dirigente de la Fencomin, informó que el sector minero cooperativista envió una carta a la Cámara de Diputados para evitar que el pleno trate las modificaciones a la Ley Minera.

Si la solicitud no tuviera resultados favorables, los cooperativistas están dispuestos a activar una vigilia en las instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Al respecto, Medrano, lamentó la actitud del sector y dijo que lo “único que intenta (el sector cooperativista) es imponer sus caprichos”, sin pensar en los intereses del Estado.

Durante semanas anteriores, cooperativistas y el Gobierno conformaron una comisión para tratar algunas observaciones a la Ley de Minería.

Uno de los puntos en conflicto fue el Artículo 151 que establecía a todo acuerdo entre cooperativas y empresas privadas el aval del Estado. Después de un amplio debate, se permitió que los mineros firmen contratos con el Estado, pero no así con empresas particulares.

El Senado envió, la semana anterior, la Ley de Minería a la Cámara de Diputados para su sanción. El documento cuenta con modificaciones que según los cooperativistas no fueron acordados con el Gobierno. 

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