Gobierno anuncia acciones legales contra el “impuestazo”
Ratificó que la disposición municipal establece un aumento de 203% al impuesto a la transferencia y afecta a los que no tienen casa.

La viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, informó que se evalúan acciones legales contra el "impuestazo" a la transferencia de bienes inmuebles, que aprobó el Gobierno Municipal de La Paz, ya que invade competencias exclusivas del Órgano Ejecutivo.
A su juicio, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, aprobó esa disposición municipal por falta de conocimiento de la normativa vigente en el país, respecto a las competencias sobre el pago de impuestos.
"Nosotros estamos evaluando las acciones legales y las vamos a dar a conocer en su oportunidad. Creo que queda claro que lamentablemente (Revilla) no estuvo bien informado o estando bien informado incorporó una nueva disposición que no tiene que ver con sus competencias".
Según la estatal ABI, la autoridad ratificó que la nueva disposición municipal establece un aumento de 203 por ciento al impuesto a la transferencia de inmuebles y afecta a los más pobres que no tienen una casa propia, porque si antes se pagaba 12.528 bolivianos por la compra de una vivienda de 417.600 bolivianos, ahora se tiene que cancelar 37.960 bolivianos.
"Decirle a la población que lamentamos que el Gobierno Municipal de La Paz este en una política totalmente contraria a la política del Gobierno nacional que es brindarle a la población las mayores facilidades y mayor posibilidad para que la población pueda acceder a una vivienda propia", agregó.
Enfatizó que el aumento de la base imponible de bienes inmuebles en La Paz fue una decisión de la Alcaldía de La Paz y que el Gobierno nacional no avaló en ningún momento esa decisión.
LA NORMA
Por su parte, el alcalde Luis Revilla, señaló que la ley que se promulgo modifica el pago del impuesto a la transferencia de bienes inmuebles, pero que no significa un incremento alguno en los impuestos por la propiedad de bienes inmuebles.
Según el ejecutivo edil, la norma establece que el impuesto a las transferencias se pague sobre el valor comercial y no sobre una base imponible devaluada. De esta manera se busca evitar que las personas que tienen el dinero al contado puedan, por ejemplo, tranzar con los propietarios para reducir los precios en los papeles y así logren evadir tributos.